Participación Ciudadana (PC) protestó “enérgicamente” hoy por la decisión “apresurada e inconsulta” de la Junta Central Electoral (JCE) de eliminar el voto preferencial, mediante el cual se podía sufragar por un diputado en particular
Para el movimiento cívico el voto preferencial había sido establecido por resolución de la JCE como complemento del sufragio por circunscripciones contemplado en la Ley Electoral 275-97, por lo que su derogación constituye una violación de dicha legislación.
Basó esa opinión en el artículo 79 dicha ley, que consigna: “las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales, con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.
La decisión de eliminar el voto preferencial fue anunciada el pasado viernes por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, constituyendo la primera medida adoptada después de que en la primera semana de octubre fuera reestructurado el órgano electoral.
En un documento expresando su queja, PC cita al escritor Belarminio Ramírez, que en su obra “Derecho Constitucional” define el voto preferencial como “aquel en que el elector puede alterar el orden en que los partidos presentan la lista de candidatos”.
Expresa su preocupación por el hecho de que el país ha visto cambiar un método de elección que le permitía votar por el candidato a diputado de su preferencia, a uno en el que los partidos presentan una lista cerrada de nominados, resultando electos de acuerdo a la posición en que estén colocados y en correspondencia con la cantidad de votos obtenidos por la organización.
Para Santiago Soca, coordinador de PC, el próximo paso en materia electoral debía ser avanzar hacia la eliminación del arrastre que representaba la boleta conjunta de los diputados y el senador de una provincia, ya que los votos de los primeros servían para el segundo.
“Se nos sorprende con la decisión regresionista de volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas, en que serán las cúpulas de los partidos y el clientelismo los que impondrán a la mayoría de los diputados”, planteó Sosa.
Refutó a la JCE cuando utiliza el argumento de que el voto preferencial “recrudece la lucha en los partidos”, asegurando que la verdadera razón para su eliminación ha sido la dificultad que ha tenido el órgano electoral para realizar eficientemente el escrutinio.
PC prefería que la JCE hiciera esfuerzos porque la lucha en los partidos se diera como lo mandan los principios democráticos, la ley electoral y la Constitución. Pero además, considera que la desigualdad en el uso de los recursos, el clientelismo y las decisiones autoritarias de las cúpulas partidarias son los factores que han debilitado a los partidos y no el voto preferencial como planteó la JCE.
Conforme al criterio de PC, ahora es que el arrastre electoral se está consolidando, con decisiones que reducen el “voto libre” contemplado en la carta magna, primero con disponiendo que se hagan en el mismo año las elecciones presidenciales y las congresuales y municipales, y ahora con lo del voto preferencial.
