El movimiento cívico Participación Ciudadana, denuncia que el presidente Fernández viola el principio constitucional de separación de poderes, lo que se vio evidenciado en la forma en que fueron designados recientemente los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como la de una comisión para asesorar al Congreso en relación al conflicto surgido con la aprobación por el Senado del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Para los miembros de Participación ciudadana Participación el país marcha hacia un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder y toda la sociedad debe prestar atención a este proceso.
Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que esto permite pensar que las decisiones de nuestros representantes se toman no para favorecer al pueblo sino a ese proyecto de poder personal concentrado que se viene gestando, rememorando tiempos que pensábamos superados.
Sosa advierte que una nueva violación a la Constitución se aproxima cuando el 26 de enero se desconozca el mandato Constitucional de haber elegido para esa fecha a los miembros del Tribunal Constitucional, debido a la falta de planificación y diligencia del Congreso en la aprobación de las leyes necesarias para poder poner en funcionamiento los nuevos órganos creados por la Constitución proclamada hace casi un año.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señala que por esta razón hacen un llamado a toda la ciudadanía a supervisar y prestar atención al proceso de conformación del Tribunal Constitucional, Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia y Defensor del Pueblo, ya que las mismas constituyen columnas indispensables para garantizar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.
El Consejo advierte que sin miembros íntegros, independientes y capaces, el Tribunal Constitucional no podrá evitar que la Constitución continúe siendo un pedazo de papel; la Suprema Corte de Justicia no podrá contribuir a impedir que la corrupción mantenga en la pobreza a la mayoría de los dominicanos; el Tribunal Superior Electoral no podrá poner freno a las trampas electorales y la Defensoría del Pueblo no podrá cumplir con su misión de defender los intereses ciudadanos de aquellos que ejercen el poder de una manera incorrecta.