Las recomendaciones que haría a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense, sobre el tipo de sanciones económicas que deberían aplicar contra el gobierno dominicano, figuran la prohibición de importaciones de algunos renglones, quitar el derecho a voto en organismos internacionales y cancelar las visas de funcionarios y militares vinculados a casos en relación a ese delito internacional.
Con sólo caminar pocas manzanas (cuadras) por calles de cualquier ciudad de la República Dominicana, no se tarda mucho en apreciar la enorme cantidad de niños y niñas haitianos que buscan ganarse la vida, vendiendo toda clase de chucherías, frutas, repuestos para celulares, ropas, zapatos, comidas, agua en botellas y todo lo que uno se pueda imaginar que se podría comprar en las calles. La pregunta es ¿quiénes y cómo los saca de Haití, quién los transporta a la República Dominicana, cuánto cobran los traficantes de humanos y quienes se lucran del negocio de obligar a las niñas y adolescentes haitianas a prostituirse en avenidas y lupanares del país caribeño?
En un viaje que hice en septiembre del 2010 y mientras esperaba por gasolina en la estación del kilómetro nueve en la autopista Duarte ya que iba rumbo al Cibao, aproveché la pausa para entrar a una cafetería cercana a comprar una “Coca Cola Light” cuando se me acercó una jovencita haitiana que a mi ojo, no pasa de los 15 o 16, insinuándome sexualmente. Ella es sin dudas, parte de las muchas miles que se ven obligadas a vender sus cuerpos para sobrevivir y satisfacer la voracidad económica de los tratantes de blancas y los proxenetas.
En mi más reciente viaje del 21 de diciembre al 11 de enero y mientras estaba en el Distrito Municipal de Sam Víctor (Moca), un sábado en la noche, observé un niño haitiano que bebía en la carretera largos tragos de un frasco de Brugal Dorado ante las miradas indiferentes de dos adultos que lo acompañaban.
Estos son de los casos que obliga a la Oficina de Vigilancia y Lucha Contra la Trata de Personas del Departamento de Estado en Washington, a comenzar a estudiar esta misma semana las recomendaciones que haría a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense, sobre el tipo de sanciones económicas que deberían aplicar contra el gobierno dominicano, acusado por los norteamericanos de permitir el tráfico de niños haitianos, irrespetar las leyes y los acuerdos y desconocer sus derechos.
La información ha sido difundida ayer por importantes medios norteamericanos, entre ellos Washington Post, Miami Herald y New York Times, según los cuales la referida oficina federal, ha mostrado su indignación y frustración por la falta de cooperación y cumplimiento de las autoridades dominicanas en el asunto. Entre esas recomendaciones figuran la prohibición de importaciones de algunos renglones, quitar el derecho a voto en organismos internacionales y cancelar las visas de funcionarios y militares vinculados a casos en relación a ese delito internacional.
El Herald reseña que la señalada oficina no cuenta con ninguna información o evidencia acerca de ningún expediente contra traficantes humanos, delito que generalmente se comete con niños haitianos. El responsable de esa dependencia en Washington Luis CdeBaca dijo que países como la República Dominicana no sólo deberían lidiar contra los traficantes, sino también contra los funcionarios oficiales cómplices.
Señaló que el problema es que todavía, el gobierno de Estados Unidos, no ha visto un solo caso judicial contra traficantes humanos a sabiendas el gobierno dominicano de que su territorio es utilizado cotidianamente para cometer ese crimen, por lo que la frustración del Departamento de Estado es cada vez más grande.
Funcionarios del Departamento de Estado viajaron a la República Dominicana el verano del 2010 e informaron a su regreso a Estados Unidos a sus superiores, que no hay ningún cambio o avance en el cumplimiento gubernamental de los acuerdos con Norteamérica y tratados internacionales contra la trata de personas.
Frecuentemente se ha denunciado que militares y civiles destacados en la frontera dominico haitiana, cobran altas sumas de dinero para permitir el paso ilegal, incluyendo el transporte terrestre de miles de haitianos, especialmente niños.
En una entrevista con este reportero hace tres años, el padre Regino denunció la situación en Nueva York, pero voceros oficialistas lo acusaron de ser “enemigo” del país y el gobierno e hicieron caso omiso a la querella del sacerdote que labora en la frontera con niños y adultos dominico haitianos.
Recientemente, medios nacionales se hicieron eco de que militares y civiles están cobrando hasta $1.000 pesos dominicanos para transpotar haitianos ilegales desde Dajabón a Montecristi, dos ciudades de la frontera Norte.
En diciembre, activistas comunitarios del municipio de Bayacanes denunciaron que efectivos del ejército, cobran dinero a haitianos capturados en redadas de deportación para bajarlos de los camiones a poca distancia desde donde son apresados.
Entre las sanciones económicas que se contemplan contra el gobierno dominicano estarían el bloqueo a algunas exportaciones a los Estados Unidos, oposición a que el país tenga derecho a voto en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y parar la cooperación a programas militares y policiales. Se ha dado un plazo hasta el mes de junio de este año para que el estado dominicano comience a cumplir con el tratado.
El informe sobre la trata de personas 2010 del Departamento de Estado, sitúa a la República Dominicana en el nivel 3, que es el más bajo, junto con Cuba. Ambos países fueron clasificados como “fuentes” de la trata, quedando claro que sus autoridades permiten no sólo el tráfico de niños, sino también prostitución de menores, trabajos forzados y son destinos para hombres y mujeres traficados desde otras latitudes.
El Miami Herald y su afiliado en español El Nuevo Herald han estado publicando una serie de artículos desde noviembre del 2010 en relación al tráfico de niños haitianos en la República Dominicana. El Departamento de Estado dijo que en Haití no existen contra ese delito y la que hay en la República Dominicana, no se aplica.
“Entre abril del 2009 y mayo del 2010, el gobierno dominicano no hizo ningún progreso en la aplicación de la ley. No persiguió ni sancionó a ningún traficante de humano”, dice el departamento y reclamó a las autoridades del país caribeño, avanzar en la ejecución de las leyes y cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Concluyeron las autoridades estadounidenses diciendo que en este momento, la República Dominicana es su mayor preocupación en el Hemisferio Occidental acerca de ese problema. Defensores de la “soberanía dominicana” y voceros de los ultranacionalistas se opusieron a las críticas y dijeron que lo mismo se ha visto en todos los gobiernos a lo largo de la historia, por lo que la administración del presidente Leonel Fernández y el PLD, no deben ser juzgados “entre justos por pecadores”./Por Miguel Cruz Tejada