Miguel Vargas dijo que dio curso a las acciones legales que están siendo incoadas por ante las jurisdicciones competentes, a los fines de probar el carácter fraudulento y anti estatutario y por tanto nulo de la reunión realizada este viernes por miembros de la Comisión Política de esa organización, en acción de clara deslealtad a la institucionalidad partidaria y en traición a su legado democrático.
La reacción de Vargas se produce algunas horas después que el sector de Hipólito Mejía reuniera la Comisión Política en el Hotel Santo Domingo y decidiera suspenderlo a él a Julio Martínez, Aníbal Duvergé, y también aprobara la expulsión de los exdirigentes reformistas Víctor Gómez Bergés y Anny Felipe.
“Las pretendidas decisiones disciplinarias anunciadas en el hotel Santo Domingo, donde unas 60 personas levantaron las manos, no pueden revocar el mandato de la XXVII Convención Nacional Ordinaria y el voto de más de 600 mil militantes que en proporción del 97 por ciento de los electores perredeístas lo eligieron como presidente del partido” , expresó Vargas.
Vargas informó que mediante acto de alguacil denunció a los propios convocantes y a la Junta Central Electoral las violaciones en que se incurrió tanto en la convocatoria como en la celebración de la referida reunión.
Manifestó que no solo fueron violados los derechos constitucionales y estatutarios de los supuestos sancionados sino también de una parte de los supuestos convocantes, porque
a) los nombres que aparecen en la supuesta convocatoria firmando corresponden a personas que aseguran no haberlo hecho;
b) aparecen consignados otros nombres que conforme a los Estatutos Generales del PRD carecen de calidad para dicha supuesta convocatoria;
y c) porque la convocatoria se realizó para que la Comisión Política ejerciera facultades jurisdiccionales y/o disciplinarias, y/o contenciosas para las cuales no está estatutariamente autorizada.
Vargas adujo que las decisiones tomadas no le son oponibles ni a él ni al partido en razón de que se habían tomado las medidas precautorias a los fines de advertir que esa convocatoria era ilegal y anti estatutaria por lo que sus resultados carecen de validez.