La destituci�n del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, mediante juicio pol�tico en el Parlamento, ha sido una burda manera de perpetrar un golpe de Estado contra el orden institucional y la voluntad soberana del pueblo paraguayo que lo eligi� el 20 de abril de 2008 para dirigir los destinos de esa naci�n hasta el 20 de abril de 2013.
El fardo acusatorio presentado por la C�mara de Diputados contra el presidente Lugo est� constituido por una sarta de mentiras e imputaciones de car�cter pol�tico que evidencian que esa trama antidemocr�tica estuvo alentada y motorizada por grupos de intereses ligados al latifundio y a la dictadura partidaria que se enquist� en el poder por m�s de seis d�cadas.
Sin que los legisladores presentaran la m�s m�nima evidencia, el presidente Lugo fue acusado de instigar y facilitar recientes invasiones de tierra por parte de miles de campesinos en la zona de �acunday, donde la Polic�a reprimi� a los ocupantes con saldo de 17 muertos.
El grave pecado del mandatario paraguayo ha sido el de respaldar un proyecto de reforma agraria que ayude a aliviar la marcada desigualdad e injusticia en el sistema de tenencia y explotaci�n de tierras, dado que la mayor�a de los predios cultivables est�n en poder de latifundistas vinculados o herederos de la dictadura de Alfredo Stroessner, que desgobernaron por 61 a�os.
La derecha pol�tica del Paraguay con amplio dominio del Congreso de la Rep�blica ha propiciado ese golpe de Estado, mascarado de destituci�n constitucional, bajo espuria acusaci�n de que el presidente Lugo respaldaba al movimiento guerrillero y propiciaba el estallido de una revuelta social para implantar un r�gimen socialista de partido �nico.
La verdad es que esos grupos latifundistas que detentan m�s del 80 por ciento de las �reas cultivables, consolidaron grandes fortunas con la producci�n y exportaci�n de soya, mientras la mayor�a de los agricultores y campesinos siguieron sumidos en la miseria, pero este a�o, una prolongada sequ�a aniquil� la producci�n y atiz� el reclamo por una justa distribuci�n de tierra.
Como era de esperarse, la mayor�a de los jefes de Estado de Am�rica Latina, Rep�blica Dominicana entre ellos, han condenado el golpe contra el presidente Lugo y advertido que no reconocer�n al gobierno de facto porque la voluntad del pueblo paraguayo expresado en las urnas ha sido burlada, pisoteada, humillada.
Esa bufonada golpista que pretende cercenar de un plumazo a la democracia paraguaya y retrotraerla a los tiempos de la cruenta dictadura de Stroessner y del partido Colorado, merece el repudio y aislamiento total de la comunidad internacional que debe emplear toda su influencia para frustrar lo que ha sido un golpe de Estado con hedor a legalidad.
