Antes de comenzar, debo aclarar a mis amigos lectores que no soy abogado, tampoco un experto constitucional, pero no es indispensable serlo para saber que las leyes se hacen para ser cumplidas por todos. Al igual que el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos , la Constitución Dominicana dice en el artículo 39 que todos somos iguales ante la Ley.
Partiendo de lo que ya está escrito, es de suponer, entonces, que nadie en esta media isla debe tener privilegios, prebendas ni tratos de favor según el nivel económico, la posición social, o el cargo que ocupa en el Estado. Pero, como declaró en una ocasión el fallecido dictador bonapartista Joaquín Balaguer, la Constitución no es más que un pedazo de papel, porque cuando se trata de aplicar la ley a los delitos provenientes de los estratos poderosos de la Sociedad, la igualdad se convierte en tinta muerta.
Digo esto porque acabo de leer el pronunciamiento del presidente de la comisión disciplinaria de la Cámara de Diputados, Henry Merán, de que el congresista, Ramón Fernández (Papo), acusado de violar y secuestrar a una menor de edad, puede reintegrarse a sus labores con “dignidad” en ese cuerpo legislativo después de haber cumplido por su delito una pequeña condena de sólo seis meses de prisión en la cárcel Najayo.
Debo recordarle a mis amigos lectores, que la niña que supuestamente violó el diputado Fernández, era una menor de 14 años que pedía ayuda en las calles para un tío que estaba enfermo. Este señor diputado, se acercó a la menor y la convenció para que lo acompañara a un lugar para conseguirle la tan necesitada ayuda económica.
Luego de montarla en su vehículo, la llevó engañada a una cabaña donde supuestamente le dio a beber un extraño líquido para dormirla y después violarla.
El caso es que este monstruo, para evitar ser llevado a la justicia y salirse con la suya, llegó a un acuerdo económico con los familiares de la menor. Propuso sobornarlos con RD$ 300 mil pesos para que mantuvieran silencio, pero al no cumplir el acuerdo, los familiares decidieron denunciar al diputado ante la justicia.
El diputado Fernández fue llevado a los tribunales donde fue encontrado culpable, pero sólo le cantaron seis meses de prisión porque de la violación ya había transcurrido varios años y la víctima era ya mayor de edad. Fue una sentencia benigna y un mensaje alentador para los a violadores y depredares sexuales.
Mientras estos monstruos patrullen por nuestras calles, la vida y la dignidad de una inocente criatura no vale nada. Pero el caso del diputado Fernández no será el último ni el primero, siempre habrá impunidad para violadores y depredadores sexuales cuando se trate de una persona con poder económico o político.
Ese no ha sido el caso con el locutor Luís Zapata Sánchez, un hijo de machepa que cometió el mismo error, guardando cierta distancia, de violar a una menor.
Por su delito, la justicia no ha sido tan benigna con el locutor Zapata Sánchez como lo fue con el diputado Fernández. A este locutor le cantaron diez años prisión, para ser cumplido en una de las peores cárceles de país.
Zapata Sánchez , por haber violado a su esposa cuando era menor de edad lleva varios años en prisión. Al momento de cantarle sentencia, la justicia no tomó nunca en cuenta que ya era mayor de edad, ni tampoco que se habían casado y que tenía años conviviendo junto en un mismo techo. En pocas palabras, la justicia no lo ha trató con el mismo privilegio que el diputado Fernández.
Con Zapata Sánchez de nada ha valido la recepción de una gran cantidad de solicitudes de indulto a su favor por parte de decenas de instituciones, de cientos de compañeros de la misma profesión, de personalidades de la sociedad dominicana y hasta de su esposa, que con llantos en los ojos pide a gritos que perdonen y dejen en libertad a su esposo.
Zapata Sánchez no ha salido de la prisión por una sola razón, en este país los ciudadanos no somos iguales.
Aunque lo dicte un papel.
