Sin dejar de reconocer los peligros a que se enfrentan los agentes, en el documento remitido al presidente de la República se deja claro que con la conducta de éstos fomenta la violencia y el irrespeto a los derechos fundamentales.SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- En vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de “mano dura” propician la violencia y criminalidad, le hacen saber dos organizaciones al presidente Leonel Fernández, a través de una misiva a partir de un análisis del informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía dominicana.
La carta, firmada por Fabián Forestieri, presidente de Amnistía Internacional Paraguay, y Nasef Perdomo, vicepresidente del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, expresa que la falta de voluntad política es una de las principales causas de que no se emprendan reformas eficaces y no se garantice una función policial efectiva.
El objetivo es llamar la atención del presidente Fernández acerca del informe de Amnistía Internacional, titulado “Cállate si no quieres que te matemos: violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”, en el cual son documentados decenas de homicidios, torturas y malos tratos de policías contra ciudadanos.
Con base en el informe, destaca, por ejemplo, que entre el 2005 y el 2010 la Policía ha sido responsable del 15 por ciento de las muertes violentas, proporción considerada alarmante, toda vez que apunta al uso excesivo de la fuerza.
Sin dejar de reconocer los peligros a que se enfrentan los agentes, en el documento remitido al presidente de la República se deja claro que con la conducta de éstos fomenta la violencia y el irrespeto a los derechos fundamentales.
No sólo expresa preocupación por los asesinatos en alegados “intercambios de disparos”, sino también por los maltratos y las torturas, que han supuesto la desaparición de por lo menos dos personas.
También hace críticas a la debilidad institucional a la hora de procurar sanciones contra los policías “abusadores”, resaltando el hecho de que la posibilidad de enjuiciarlos esté sujeta a la acción de la víctima o su familia, del grado de publicidad que atraiga el caso y de la presión política que se ejerza sobre el ministerio público.
De ahí que se plantee una serie de propuestas, instando al jefe del Estado a aplicar las medidas necesarias para erradicar las malas prácticas antes descritas, garantizar investigaciones imparciales de los casos de esta naturaleza, ofrecer la debida protección a víctimas y testigos, llevar a cabo una efectiva reforma policial y respetar los tratatos sobre derechos humanos.
La carta íntegra, dirigida al presidente Leonel Fernández es la siguiente:
Excelentísimo Señor
Doctor Leonel Fernández Reyna
Presidente Constitucional de la República Dominicana
Su Excelencia:
La Sección Paraguaya de Amnistía Internacional, con sede en Asunción del Paraguay, y el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), con sede en Santo Domingo – República Dominicana, llamamos su atención acerca del informe titulado “Cállate si no quieres que te matemos”: Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana1, por el cual se documentan decenas de casos de homicidio, tortura y malos tratos a manos de la Policía Nacional dominicana, recopilados durante tres visitas de investigación que Amnistía Internacional realizó al país.
Entre 2005 y 2010, la Policía Nacional ha sido la responsable de una media del 15 por ciento de las muertes violentas de las que cada año se tuvo noticia en República Dominicana. Este porcentaje es alarmante y apunta con gran preocupación al uso desproporcionado de la fuerza que hace la Policía Nacional con frecuencia y que tiene consecuencias letales. Reconocemos que los agentes de Policía Nacional suelen enfrentarse a graves peligros en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, creemos que de hecho su conducta fomenta la violencia y crea un clima en el que se ignoran por completo los derechos humanos.
Según datos de la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de 2011, la Policía Nacional acabó con la vida de 154 personas en República Dominicana, frente a 125 en el mismo periodo de 2010. Las estadísticas de la Procuraduría General muestran que el 10 por ciento de todos los homicidios registrados en 2010 fueron cometidos por la Policía Nacional. La Policía Nacional ha presentado la mayoría de estos homicidios como muertes debidas a “intercambio de disparos” entre la Policía Nacional y los presuntos delincuentes, pero los tribunales han determinado que algunos de ellos han sido ilegítimos, al tiempo que existen fuertes indicios de que otras muertes han sido resultado del uso excesivo de fuerza letal.
Muchos agentes de la Policía Nacional siguen recurriendo a la tortura y otros malos tratos cuando interrogan a presuntos delincuentes. Amnistía Internacional también ha descubierto que se ha amenazado de muerte, golpeado y negado alimentos, agua y medicamentos básicos a presuntos delincuentes mientras estaban bajo custodia. A algunos les han puesto bolsas de plástico en la cabeza y los han colgado por las esposas a barras o clavos. Se teme que al menos dos personas vistas por última vez bajo custodia policial hayan sido víctimas de desaparición forzada.
1 La versión castellana del Informe puede ser descargada desde la siguiente dirección: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR27/002/2011/en/36abc6ce-244d-4750-997e-934af8dce3f2
Además, la Policía Nacional ha practicado detenciones colectivas arbitrarias, sobre todo en redadas efectuadas en comunidades de bajos ingresos con índices elevados de delincuencia. La mayoría de las detenciones colectivas se han llevado a cabo de noche en lo que la Policía Nacional describe como “operativos de prevención”. En muchos casos, las personas detenidas han quedado en libertad sin cargo tras sobornar a la Policía Nacional. A esto se suma que Amnistía Internacional ha tenido noticia de dos casos de posible desaparición forzada. Las familias sospechan que sus seres queridos han muerto bajo custodia policial a consecuencia de la tortura. Los anteriores son solo algunos ejemplos de las violaciones de derechos humanos constatadas por Amnistía Internacional.
Cómo lo demuestra nuestro informe, la Policía Nacional dominicana ha cometido y comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no se ha puesto fin a estos abusos. Asimismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad en República Dominicana. Consideramos que la falta de voluntad política es una de las principales causas por la que no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana.
Ni la Policía Nacional ni la mayoría de los cargos pertinentes del Estado han reconocido la envergadura del problema que suponen las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Afirman que los abusos y las violaciones de derechos son obra de unos pocos agentes corruptos o poco profesionales y que éstos son destituidos y llevados ante la justicia de inmediato. En República Dominicana, el sistema de investigación de abusos policiales es desorganizado y carece de los procedimientos adecuados para tramitar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Que un agente de Policía Nacional comparezca ante la justicia depende en gran medida de si la víctima o su familia presenta una denuncia oficial, del grado de publicidad que atraiga el caso y de la presión política que se ejerza sobre los fiscales.
Preocupante es también que la legislación dominicana sólo reconoce la responsabilidad personal de miembros de la Policía Nacional por acciones ilegítimas perpetradas durante el desempeño de sus funciones. No se reconoce, ni en la ley ni en la práctica, la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de Policía Nacional durante el desempeño de sus funciones o al ejercer la autoridad que se les ha otorgado en virtud de su puesto.
El Gobierno que Su Excelencia preside debe hacer frente de inmediato a las personas interesadas en mantener el sistema actual, en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes.
Particularmente, solicitamos que Su Excelencia lidere el proceso de reforma de la Policía Nacional, comprometiéndose urgentemente a:
1. Aplicar de inmediato medidas destinadas a reducir los homicidios policiales y erradicar la tortura, los malos tratos y otras prácticas abusivas;
2. Garantizar que se investigan de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional;
3. Proteger a víctimas y testigos y garantizar plena reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos;
4. Concebir e implementar una reforma efectiva de la Policía Nacional basada en los derechos humanos;
5. Mejorar el sistema externo de rendición de cuentas de la Policía Nacional; y,
6. Ratificar y aplicar tratados internacionales de derechos humanos.
Gracias por su atención en estos asuntos.
En nombre de la Sección Paraguaya de Amnistía Internacional y del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho,
Fabián Forestieri
Presidente
Amnistía Internacional Paraguay
www.amnesty.org.py
Nassef Perdomo
Vicepresidente
Instituto Caribeño para el Estado de Der
