Los propulsores del Código Procesal Penal censuran que las debilidades de las autoridades para enfrentar el auge de la delincuencia y la criminalidad sean atribuidas a la normativa procesal, que arriba a su siete años de instaurada.
Félix Damián Olivares, uno de sus redactores, sostiene que el Código Procesal Penal vino a garantizar los derechos de los imputados, erradicando la vieja práctica policial del “tránquenlo”.
Aduce que esta normativa procesal no contiene otras garantías que no estén incorporadas en la Constitución de la República, como es el principio de presunción de inocencia. “Usted no puede ser preso de confianza de un sargento que diga: quítenle los cordones y aprésenlo por largo tiempo”, añade el jurista.
“Lo cierto es que los problemas no radican ahí. De lo que estamos hablando es que en el país hay 700 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Personas ociosas que al no ser incorporadas por el sistema se enrolan en las actividades criminales”, explica Olivares.
Cree que lo que se necesita en el país es un sistema de inspectoría policial fuerte, porque en por lo menos uno de cada dos atracos están involucrados policías.
“No busquemos los problema en las letras de un código que no genera delitos. Aquí nadie se ha preocupado por la seguridad ciudadana; se habla de educación y salud pública, pero nadie sabe qué se invierte en seguridad ciudadana, cuánto gasta el Estado en entrenamientos policiales, en programa de prevención en los barrios, en los laboratorios de criminalística, en tecnificación, en capacitación”, añade el jurista.
Deplora que lo deseado por muchos son jueces que “tranquen” al presunto infractor sin las debidas pruebas, cuando lo correcto es exigir que quienes investigan fundamenten bien los expedientes.
Para el también procesalista Eric Raful, la reforma del Código Procesal Penal no puede ser vista como un elemento decisorio en la seguridad ciudadana o para combatir la criminalidad.
“Las leyes que regulan el proceso penal solamente se aplican cuando se comete el delito. Se está partiendo de un momento de percepción de inseguridad que genera lo que se ha denominado populismo penal, que no es más que la inflación del Derecho Penal bajo la premisa equivocada de que el endurecimiento de la pena o la reducción de las garantías a los procesados ayuda a combatir la criminalidad”, afirma Raful.
Afirma que en ninguna parte del mundo ha sido demostrado que el endurecimiento de la pena sea un factor disuasivo del crimen. A su juicio, “la delincuencia y la criminalidad son fenómenos complejos multifactoriales en el que influyen el empleo, el Ministerio Público, la investigación y la policía”.
En tanto que Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, opina que con el Código Procesal Penal han quedado al descubierto las debilidades institucionales y técnicas de la Policía.
“Esta legislación devela la falta de coordinación entre fiscales y policías. Este código ha venido a transparentar las acciones de los actores del sistema. El mayor éxito del Código Procesal Penal es haber desmontado las actuaciones de cada uno de ellos”, añade.
Buscando una respuesta a la criminalidad, que para los expertos parece imposible, las autoridades sometieron al Congreso una modificación al Código Procesal Penal.
Por: Domingo Beriguete
