El diálogo tripartita entre gobierno, empresarios y sindicatos, como parte del sistema de seguridad social dominicano, ha enfrentado una histórica falta de recursos y de voluntad política para hacerlo funcionar.
La ley de seguridad social, la 907, fue promulgada precipitadamente en 1978 por Joaquín Balaguer, una semana antes de abandonar la silla presidencial, lo cual dejó incompletos los objetivos originales.
Apenas extendió la cobertura a la esposa e hijos de los asegurados, dejando intacta la estructura obsoleta del Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS), cuya autonomía fue subordinada al gobierno y excluía a los empleados públicos.
Con un IDSS progresivamente debilitado, sin capacidad financiera debido al incumplimiento de los aportes del Estado y de muchas empresas, aquella legislación fue letra muerta.
Las empresas reclamaban una legislación que eliminara la doble cotización, al IDSS y a las aseguradoras privadas.
Los trabajadores reclamaron entonces seguros privados, pero por ley tenían que seguir pagando al organismo del Estado.
Una etapa importante de la reforma de la seguridad social dominicana comenzó con la instauración del diálogo tripartita en 1986, por la mediación del rector de la Universidad Católica, monseñor Agripino Núñez Collado.
A partir de 1987, la agenda del diálogo estuvo encabezada por la ampliación del seguro social a todos los trabajadores y sus dependientes.
No obstante, el único avance de entonces fue la reforma del Código de Trabajo. Según los historiadores, seguían desfilando consultores y especialistas y la década de los 90 solo logró abonar el terreno para la reforma, reivindicativa para unos y contenciosa para otros.
Una década después, el diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno solo ha avanzado en hacerse entender, sin llegar a posturas cerradas e intransigentes.
En la última reunión, realizada el 28 de septiembre, se acordó priorizar los asuntos pendientes sobre la Seguridad Social.
Según se informó, las partes acordaron ventilar los problemas en los respectivos consejos de las entidades que componen el sistema de Seguridad Social, precisando que la situación más urgente la presenta el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Este requiere una inyección urgente de 50 millones de dólares, por lo que es preciso se aborde este asunto en el Consejo Directivo de esa institución, así como en las demás entidades del sistema.
El vicepresidente del Consejo de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, al finalizar el Diálogo Tripartito, se mostró entusiasmado y con mucho ánimo sobre el futuro de las relaciones entre los sectores laboral y patronal, que últimamente se encontraban distanciadas.
En la reunión participaron también el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito; Jacobo Ramos, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), y Elpidio Santos, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), mientras que por la parte empresarial estuvieron Martín Ferrán y Circe Almánzar.
Por Elsy Fors Garzon
