Por: Amaurys Florenzán.
En el año que recién finaliza la Policía Nacional y el Ministerio Público estuvieron en la mira de las instituciones de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Primaron las acusaciones realizadas por diversos sectores sobre la violación a los derechos fundamentales de la ciudadanía por parte de algunos agentes involucrados en muertes ilícitas e injustificadas, o en el uso excesivo de la fuerza, fundamentalmente con dominicanos y extranjeros residentes en el país.
A pesar de que nuevamente los organismos que observan el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía en la nación han indicado que no existe reporte acerca de que el gobierno, o agentes de los cuerpos castrenses hayan cometido asesinatos por motivos políticos; no obstante, hubo numerosos informes acreditativos de que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en casos de sicariato y uso excesivo de la fuerza, en franca violación a las normas locales e internacionales sobre los derechos de los ciudadanos.
La República Dominicana desarrolla una democracia constitucional, con una población de aproximadamente 10,4 millones de personas, incluidos cientos de miles de haitianos indocumentados. Mientras que las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad, aunque hubo casos en los cuales éstas actuaron de manera independiente.
Organismos internacionales clasificaron al país como una nación que viola en diferentes aspectos los derechos humanos, ya que persisten graves problemas en: las ejecuciones ilegales, palizas y otros abusos de los sospechosos, detenidos y prisioneros; pobres condiciones penitenciarias, detenciones arbitrarias.
Además, otros aspectos que fueron vigilados muy de cerca por las instituciones internacionales y locales fueron los desalojos desarrollados a decenas de familias y la destrucción de viviendas; los acosos a los grupos que luchan por los derechos humanos, la violencia y la discriminación contra la mujer, la prostitución infantil, la trata de personas; grave discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes y desprecio a los derechos laborales fundamentales.
Si algo angustió a la sociedad dominicana en 2011 fue el aumento de mujeres asesinadas a manos de sus ex o actuales parejas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha recibido denuncias de 216 casos en el 2011, lo que significa un incremento de 159% con respecto a 2010, en que se registraron 74 casos. Más del 30% fueron ejecutadas por esposos o alguien del entorno de las víctimas, cuyas denuncias no fueron atendidas en las fiscalías barriales.
Muertes violentas y desalojos
En el primer semestre del 2011, más de 1,200 personas fueron registradas por muertes violentas (un promedio del 29.1% por mes), situación denunciada a través de las diferentes entidades que luchan por los derechos humanos en el país.
Según el informe final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más de 2,300 personas murieron en 2011.
El expediente presentado por la CNDH afirma que 350 personas cayeron en supuestos intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional.
Datos revelados en los últimos siete años establecen que más de 16 mil personas fallecieron de manera violenta, incluyendo los 11 meses del presente año, según estadísticas oficiales de la Policía y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
También la uniformada tuvo bajas sensibles. Veinticinco agentes perecieron a manos de la delincuencia en diferentes partes del país en los últimos 10 meses.
En relación con los desalojos, más de 3,000 mil familias resultaron afectadas por supuestamente edificar sus viviendas en terrenos privados, áreas protegidas y en parcelas del Estado declaradas de utilidad pública.
Los casos de desalojos que más llamaron la atención durante el 2011, fueron las 72 familias expulsadas en el sector Alto de Brisas del Este, donde resultó herido el legislador Juan Hubieres del Rosario, entre otras personas. También en las provincias de Samaná, en Punta Cana, de La Altagracia; La Virgen y Sabana Perdida de Villa Mella, en Santo Domingo Norte; La Piña y Los Alcarrizos, en Santo Domingo Este, se registraron decenas de desocupaciones por parte del Estado.
Los procesos de desalojos fueron condenados por las organizaciones sociales nacionales e internacionales como La Red Urbana Popular, Un Hábitat, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y Amnistía Internacional.
Reacciones a favor y en contra
El pasado 25 de octubre, el candidato presidencial por el partido Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó: “más que un récord, es un average alarmante las cifras que revelan que mil 706 personas han muerto en manos de la Policía Nacional en supuestos intercambios de disparos”.
Moreno se refirió al reclamo de Amnistía Internacional (AI), a las autoridades de la República Dominicana, donde solicitan reformas urgentes de las fuerzas del orden a fin de afrontar los alarmantes casos de muertes y torturas ocasionadas por la policía contra los ciudadanos.
En ese mismo orden, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, exhortó al presidente Leonel Fernández a impulsar una verdadera reforma de la Policía, al considerar que en la actualidad esa institución está “dominada por una estructura de mafias”.
Para Amnistía Internacional, la policía dominicana en vez de contribuir a combatir la delincuencia propicia la violencia y criminalidad.
El informe de dicha organización destaca, por ejemplo, que entre el 2005 y el 2010 la Policía ha sido responsable del 15% de las muertes violentas, proporción considerada alarmante, toda vez que apunta al uso excesivo de la fuerza.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refirió que ante el informe de Amnistía Internacional lo más prudente que el jefe de la Policía puede hacer es poner su cargo a disposición del Ministerio de Interior y Policía o del presidente Leonel Fernández.
De su lado, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez apuntó no confiar en el informe de Amnistía Internacional, el cual describe que más de 2 mil civiles fueron asesinados brutalmente por agentes policiales. A pesar de esto, el arzobispo metropolitano reconoció que en la República Dominicana se cometen muchos abusos por parte de la uniformada.
López Rodríguez aclaró que no todos los policías atropellan y sostuvo muchos constituyen un ejemplo a seguir.
Asimismo, el reconocido abogado santiaguero, Negro Veras, restó importancia al informe de Amnistía Internacional y de los Derechos Humanos. Puntualizó que ellos solo ven los muertos de un lado y entiende que los datos que emiten deben ser observados con una lupa, ya que: “lo que diga este organismo aquí y en cualquier parte del mundo es sospechoso”.
Según las estadísticas suministradas por la Policía Nacional durante el primer trimestre del año en curso, las víctimas a causa de hechos violentos en la geografía nacional sobrepasarían las 2,500 personas al concluir 2011.
