Los compromisos pendientes de la nación son equivalentes a los US$18,069 millones, lo que representa el 37% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por: Freddy Matos.
Al finalizar este año 2011, la deuda externa de República Dominicana podría sobrepasar los US$20 mil millones, de acuerdo con expertos quienes advierten que de no cumplirse el estimado de ingresos, el país estaría corriendo el peligro de insolvencia, lo que reflejaría graves consecuencias sobre la clasificación de riesgos, la cual en la actualidad es muy baja para el desempeño de los bonos dominicanos, el crecimiento y el empleo.
El Banco Central (BC), estima que este año los compromisos pendientes de la nación son equivalentes a los US$18,069 millones, lo que representa el 37% del Producto Interno Bruto (PIB), un número muy alto que, de acuerdo al sector empresarial, debe llamar la atención de las autoridades.
Los empresarios entienden que en un país como República Dominicana hablar de que la deuda pública está por encima de un 30% del PIB se considera algo que debe preocupar.
La deuda externa del sector público no-financiero creció 11.2% en los primeros ocho meses del año, al pasar de US$ 9,947 millones en diciembre de 2010 a US$11,057.8 en agosto de 2011.Esa cantidad representa un incremento de US$ 1,110.8 millones.
El incremento de esa deuda fue impulsado por la emisión de bonos soberanos, los cuales se situaron en agosto de 2011 en US$ 2,269.3 millones, US$ 447.2 millones más que en diciembre del 2010, lo que en término relativo representa un incremento del 24.5%.
Asimismo, el endeudamiento con organismos multilaterales aportó US$ 203.9 millones más en los primeros ocho meses, lo que equivale a un crecimiento del 5.5%, hasta US$ 3,944.5 millones.
El financiamiento con bancos comerciales en el exterior ascendió un 25.8%, lo que en absoluto representa US$78.2 millones más, llegando en agosto a US$ 381.7 millones.
Expertos
El economista Arturo Martínez Moya considera que el país está en una situación sumamente delicada, al estimar que la deuda del Estado ronda los US$22,000 millones. Explicó que el servicio de la deuda abarca los intereses más el capital y la amortización, lo que llega al equivalente del 42% del PBI.
A juicio de Moya, el ritmo de endeudamiento del gobierno dominicano va muy acelerado, por lo que la nación se encuentra en una situación de impago.
Por su parte, el economista Bernardo Vega entiende que en el presente año se acrecentará el gasto corriente del gobierno, debido a que pese a que no habrá reducción de los empleos públicos, hay pendientes incrementos salariales.
Vega resaltó que el endeudamiento más oneroso para el país son los proyectos “llave en mano” con bancos españoles, europeos y el Eximbank de los Estados Unidos, porque se financian las obras sin concursos y las compras se hacen a través de compañías que ganan una diferencia.
En tanto que el analista económico Carlos Asilis opina que dado su nivel de endeudamiento, República Dominicana se aproxima a posiciones muy cercanas al tope de lo que puede solventar a largo plazo. Estima que el monto de la deuda alcanzará un 55% del PIB.
El economista Bill Wall entiende que el gobierno dominicano se ha encontrado con el dilema de no cubrir con su presupuesto los gastos y acude a tomar prestado, con lo cual ha roto las reglas. Sostuvo que cuando un gobierno toma prestado en el exterior tiene que pensar hacia dónde están destinados esos fondos.
“Si esos fondos van destinados a un subsidio costoso (como bono luz y bono gas), aunque ayuden a palear la situación de los pobres, se caería en un limbo, porque no generan riquezas”, precisó. Dijo que si los proyectos a los cuales se destinan los recursos no generan divisas, esto aumentará el costo del endeudamiento.
Para Wall el gobierno no es diferente a una persona que tiene que tomar prestado para pagar alquiler de la vivienda, comida y vestir y que en definitiva está invirtiendo en algo que no le produce. “Ahora, si usted toma prestado para hacer un negocio y generar ingresos; entonces, obviamente, eso le permite cumplir con sus obligaciones y sobrevivir con lo que generan esas operaciones”.
Mientras, el economista Miguel Ceara Hatton señala que en el país hay un serio problema en la calidad del gasto público, debido a que no se sabe en qué se utiliza el dinero. Afirma que existe un marco institucional que no permite la transparencia, ni la rendición de cuentas, por lo que seguir endeudándose bajo esa situación genera muchas preocupaciones.
A juicio del economista Jaime Arístides Escuder, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha dicho al gobierno que aplique una política de austeridad; pero, según su criterio, la administración de Fernández no quiere, por lo que ese organismo y otros internacionales están advirtiendo que la política fiscal del país es insostenible en su proceso de endeudamiento.
Recordó que en las últimas semanas el Congreso Nacional ha aprobado más de US$850 millones de nuevos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial (BM), así como otras fuentes de financiamientos para el Metro de Santo Domingo, además de otros empréstitos, como el de PETROCARIBE.
“La tasa de retorno de esos préstamos es inferior a la tasa de intereses, por lo tanto no vamos a poder pagarlos generando un crecimiento a la economía, sino que va a obligar a aumentar los impuestos, endeudando a las generaciones sucesivas…y esto es grave”, advirtió Escuder.
Los analistas financieros dicen que si se compara la evolución de la deuda pública con los ingresos tributarios y con las divisas generadas por las exportaciones de bienes y servicios, se observa que República Dominicana recorre la senda de la insostenibilidad: cada vez tiene menos pesos y menos dólares para cubrir ese déficit financiero.
La revista británica The Economist proyecta que para finales de este año, la deuda pública dominicana, que incluye la interna y la externa, se situará en US$19,355.2 millones. Esto significa el 43.6% del PIB del año en curso.
Los más pobres
La población pobre es la más sacrificada con la deuda externa, a consecuencia de que el pago de los intereses y amortizaciones hacen que el gobierno recorte el gasto social y la inversión pública considerada no prioritaria.
Definitivamente, en caso de que el país caiga en la insostenibilidad fiscal, los efectos macroeconómicos adversos perjudicarían en mayor medida a los segmentos socialmente más vulnerables.
