El gasto en deuda (sumados intereses y amortizaciones) es la partida más grande, la cual representa el 4.7% del PIB estimado.
¿Por qué no “puede” el Gobierno asignar el 4% del PIB a educación?
Fruto de las ambigüedades de la Ley General de Educación, la cual no deja claramente establecido si el 4% del producto interno bruto (PIB) debe ser destinado a la educación pre-universitaria o al sector educativo en su conjunto (incluyendo la formación universitaria), han surgido dos posiciones distintas.
Por un lado, la Coalición Educación Digna considera que el 4% hace referencia a la educación pre-universitaria. En tanto, otra posición interpreta que ese monto se refiere a la función educación, incluyendo la universitaria y otros gastos en el sector, como sugirió en un artículo reciente el economista Miguel Ceara Hatton.
Hagamos el ejercicio a partir de los datos oficiales para tratar de determinar qué “impide” al Gobierno cumplir con la ley para el año próximo, suponiendo que el 4% se refiere a la “función educación” como sugiere Hatton. Asumiendo, además, la restricción presupuestaria del Gobierno, es decir los 430,000 millones de pesos, que es el monto del presupuesto diseñado para el año venidero.
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 sometido al Congreso el pasado viernes por el Ejecutivo, de las 26 funciones en las que se podría clasificar el gasto público, solo a seis se le asigna más del 1% del PIB estimado para el próximo año.
¿Cuáles son esas? Administración General, Educación, Salud, Transporte, Intereses y Amortización de la Deuda Pública.
El gasto en deuda (sumados intereses y amortizaciones) es la partida más grande, la cual representa el 4.7% del PIB estimado.
Le sigue Educación con 3% del PIB, y Salud, que se le asigna 1.6% del producto.
A la “Administración General” se le destina también exactamente lo mismo que a Salud, es decir, el 1.6% del PIB.
Según el “Manual de Clasificadores Presupuestarios” publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en la función Administración General se agrupan instituciones públicas “cuyas labores se definen como administrativas`”. De acuerdo al mismo documento, en esta función se incluyen instituciones de dos poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo.
Para que se tenga una idea más clara, en el Presupuesto 2012 se destinan 38,055.3 millones de pesos para funciones meramente administrativas.
Más todavía. De acuerdo al Presupuesto para el 2012 presentado por el Ejecutivo, a la función Transporte se le asigna un gasto equivalente también el 1.6% del PIB. Se supone, que en el presupuesto de esta función se encuentran las megas obras del Gran Santo Domingo, como el Metro y el Corredor Duarte.
En resumen, de acuerdo a los datos anteriores, la verdadera prioridad del Gobierno no es la educación sino la deuda.
Asignando también la categoría de “prioritarias” a otras funciones como la administrativas y el transporte (túneles, elevados, Metro Santo Domingo).
Se pudiera argumentar que el pago de la deuda consignado para el 2012 es un compromiso ineludible, lo cual es totalmente cierto. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta ahí? La respuesta es que todo ha sido fruto de políticas públicas deliberadas, implementadas en los últimos años.
Mientras al 31 de diciembre del 2005, la deuda pública no-financiera sumaba 6,822 millones de dólares, al 31 de agosto del 2011 subió hasta 15,618.2 millones de dólares, es decir un incremento absoluto de 8,796.2 millones, lo que en término relativo representa una subida de 129%.
De ahí, que en el 2010 en comparación con el 2005, el pago de interés de la deuda pública (no financiera) se incrementó 250%, desde 10,791.6 millones de pesos a 37,776 millones de pesos. En otras palabras, un incremento absoluto 26,984.4 millones de pesos.
Asimismo, entre amortizaciones y “otras aplicaciones financieras”, el Gobierno gastaba 21,775 millones de pesos en el 2005. Para el 2010 por ese mismo concepto se gastaron 52,246, lo que equivale a un incremento relativo de 140%, lo que en absoluto representa 30,471 millones de pesos más.
Las dos partidas anteriores juntas, pasaron de 32,566.6 millones de pesos en el 2005 a 90,022 millones, para un incremento de 57,455.4 millones de pesos, 176.4% adicional.
Finalmente, mientras en el 2005 el gasto en deuda (amortizaciones más intereses) representó el 3.2% del PIB, en el 2010 subió hasta el 4.5%, hasta terminar en 5.4% en el 2011 (presupuestado).
Por: José Heriberto Almonte
