La alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificó de vergonzante la decisión de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santiago de variar la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica y presentación periódica, lo que evidencia una vez más que las cárceles dominicanas no están hechas para activistas de partidos políticos en el poder.
ADOCCO afirma que en vista de que la prisión preventiva en caso tan grave como fraude contra el Estado se impone, para evitar que los encartados puestos en libertad puedan hacer uso de sus relaciones e influencia para la desaparición de las pruebas, ya que sus subalternos en la colecturía de aduanas entraran en contactos con ellos.
“La variación de la medida de coerción que beneficia al ex subcolector de Aduanas en Santiago y otros dos empleados implicados en un fraude contra el Estado dominicano que involucra más de 100 millones de pesos, debe ser aplicada de igual forma a miles de presos preventivos que por el hecho de no tener dinero, un padrino en la administración pública o ser hijo o sobrino de políticos del partido de gobierno, tienen que resignarse a ver vencer la prisión preventiva impuesta, sin embargo en un tiempo record, esos patriotas reciben el beneficio de la Corte de Apelación de Santiago, la que criticamos por improcedente”, considero el coordinador general de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio.
Para la organización de la sociedad civil la decisión hecha por la borda el trabajo realizado por la fiscalía de Santiago que logro la imposición de una medida de coerción consistente en prisión preventiva de ocho meses a los implicados en el caso, Adalberto Rosa Rosario, ex subcolector de Aduanas; Miguel Ángel Lazala y Gerard Estévez Peña, a quienes la Sala Penal de la Corte de Apelación les impuso una garantía económica de dos millones a cada uno, impedimento de salida del país y presentación todos los días 30 de cada mes por ante la fiscalía.
Para la Alianza este caso quedara en el limbo jurídico como otros tantos, por tratarse de personeros con respaldo político enquistado en el poder, pasando a ser uno más de los casos de corrupción administrativa que quedan sin respuestas en perjuicio de la sociedad dominicana y beneficio de un grupo que ostentan un poder económico sin poder justificar su origen ante la indiferencia de padres, amigos y una sociedad embelesada por el oropel, termino diciendo De la Rosa Tiburcio.
