El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), otorgó a un plazo de 60 días a las plantas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), para que adquieran una balanza y vendan el gas pesado a las amas de casa.
La disposición está contenida en la Resolución 01-2010 que ordena, además, que los cilindros sean pesados antes y después de ser llenados, para transparentar el expendio del carburante.
El Departamento de Inspección y Vigilancia de Pro Consumidor tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de esta disposición.
La entidad defensora de los derechos de los consumidores anunció que realizará una campaña de orientación a los consumidores para informar a la población las equivalencias entre las libras y los galones de GLP comprados.
Altagracia Paulino, director de Pro Consumidor, dijo que la disposición será llevada a cabo independientemente de las decisiones que se tomen con relación al Reglamento Técnico de Expendio de GLP, y para que la población pueda ejercer sus derechos y exigir transparencia en la venta del combustible.
“Pro Consumidor ha sido convocado al conocimiento o revisión de tres versiones de propuesta de Reglamento, y ha aportado importantes sugerencias de fondo en materia de protección de los derechos de los consumidores, que no han sido reconocidos ni incorporados a dicho documento, para proteger a los 2.2 millones de hogares que usan GLP y a los 134,000 propietarios de vehículos que operan con este combustible”, precisa la resolución.
La disposición de venta de GLP pesado a las amas de casa está fundamentada en las disposiciones que le confiere la Ley No. 358-05, en sus artículos 22, 28, 51 y 105, letra C numeral 3, que le otorgan competencias a la dirección ejecutiva de Pro Consumidor para que actúe por oficio o ante denuncia de parte interesada, en los casos de inexactitud de pesos y medidas de los productos y servicios que se oferten y comercialicen en el mercado, así como también le impone el mandato expreso de actuar y sancionar en caso de encontrar violaciones a dicha Ley y conscientes de sus facultades y atribuciones dentro del ordenamiento jurídico dominicano.
En documento emitido hoy el organismo precisar que detectó en varias plantas de expendio alteración en perjuicio de los consumidores y la doble estafa que realizaban los establecimientos de expendio del GLP a las familias beneficiadas por la Administradora de Subsidios Sociales del Estado, (ADESS) con el Bonogas, a las cuales, les eran entregados hasta cuatro (4) galones menos de los que se les cobraba, acción con la cual se engañó al Estado dominicano también.
