El movimiento Participación Ciudadana denunció este miércoles en Washington que el Estado dominicano carece de una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios a través de actos de corrupción.
Dijo que, por el contrario, en el país existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otros tipos de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.
La denuncia externada por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de de la entidad, durante la decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento que se lleva a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington del 13 al 17 de septiembre del 2010.
De acuerdo a una nota de prensa, el movimiento cívico presentó el III Informe Alternativo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Santana informó que ante esta problemática, es preciso señalar la necesidad de que el Estado Dominicano incorpore a su marco legislativo una ley que aborde esta temática.
Al mismo tiempo, señalo que es recomendable que el Estado dominicano, principalmente mediante la Comisión Nacional de Ética y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, fortalezca el rol de prevención e investigación de privilegios de todo tipo por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes.
El miembro del Consejo Nacional de PC señaló que la Dirección General de Impuestos Internos debería trabajar en la prevención del soborno en materia tributaria.
Santana indicó que amparados en la ley 56 de 1996, sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.
“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.
El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que a pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores.
