Las organizaciones que demandan al Estado dominicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición del profesor universitario Narciso González (Narcisazo) alegaron en un documento que depositaron ante el organismo que las autoridades han ocultado información sobre el hecho ocurrido el 26 de mayo de 1994.
En ese sentido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión de la Verdad aseguraron al organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Estado dominicano les ha negado acceso a los archivos de la investigación realizada por el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional sobre la desaparición Narcisazo.
Aseguran que “a pesar de las innumerables gestiones realizadas, y de los pedidos que fueron extendidos por nuestra representación así como por la CIDH, en ningún momento se le proveyó a la familia de la víctima copia oficial de la investigación realizada por la Junta Policial y que dicha negación de documentos continúa al día de hoy, pues solo se ha entregado un resumen de la investigación, pero no el informe completo”.
“De igual manera, apuntamos que la Junta Mixta únicamente dio acceso a los documentos que conformaron la investigación preliminar. Hasta hoy no hemos tenido acceso a los documentos, análisis y conclusiones con carácter final de dicha investigación”, recuerdan las dos organizaciones en un documento presentado a la CIDH el día 12 de este mes.
El CEJIL y la Comisión de la Verdad piden a la Corte que “ordene al Estado dominicano eliminar toda la línea de argumentación sobre el posible suicidio de Narciso González (Narcisazo)” por considerar, entre otros argumentos, que sólo contribuyen a dañar la emoción de los familiares del catedrático desaparecido.
Señalan que la “denegación de información conformó parte de los elementos constitutivos de la desaparición forzada. En casos de desaparición forzada, el deber general de garantía impone al estado la obligación de investigar ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva los hechos denunciados”.
El escrito busca dar respuestas a las excepciones preliminares presentadas por el Estado el 28 de diciembre pasado. En ese sentido, las organizaciones solicitan a la Corte Interamericana que desestime la excepción preliminar sobre las violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Alegan “que el Estado dominicano no presentó la excepción de agotamiento de recursos internos durante la etapa de admisibilidad, como tampoco señaló los recursos específicos que debían agotarse ni su efectividad para atender las violaciones denunciadas”.
Añaden que los argumentos del Estado no cumplen “con los criterios de oportunidad y validez, lo que equivale a la renuncia tácita por parte del Estado dominicano de presentar dicha excepción en su favor”.
