El espíritu de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue el de protección a la gente contra los riesgos de salud y vida, con el compromiso del Estado, la población y el sector privado, pero a once años de iniciado sigue arrastrando deficiencias que impactan negativamente entre los beneficiados y los que esperan protección.
Juana María Guerrero Vizcaíno tiene 72 años, es paciente del Centro de Diagnósticos, Medicina Avanzada, Laboratorio y Telemedicinas (Cedimat), donde se le practicó un cateterismo y un stent de los riñones porque padece de insuficiencia cardíaca y renal. En los últimos días ha tenido problemas para ser ingresada.
Aunque está afiliada al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y su familia ha pagado entre RD$2 y RD$3 millones por concepto de “diferencias” en procedimientos, en el centro se niegan a recibirla, según sus parientes.
Están conformes con el trato recibido por Senasa, no así con el de Cedimat, donde ha estado ingresada en más de 20 ocasiones desde marzo hasta la fecha. Debieron internarla en la unidad de cuidados intensivos del hospital Salvador B. Gautier porque -sin explicación alguna- ya no la reciben en el moderno centro de salud.
“La última vez que tuvo una recaída fue el miércoles pasado y cuando la llevamos a Cedimat, no nos la aceptaron. Nos dijeron que no estaban recibiendo pacientes, que la lleváramos a la Plaza de la Salud, así lo hicimos y tampoco nos la atendieron. Nos la tiraron en la emergencia de la plaza y no le dieron las atenciones correspondientes”, cuenta Eugenio Sierra, hijo de la señora.
Se alegó un problema eléctrico en Cedimat, pero los hijos dicen haber constatado que los demás pacientes eran atendidos y que había suficientes camas. No entienden por qué se instruyó para no recibir a la paciente si no hay deudas y están dispuestos a pagar por el servicio. Hoy la familia contempla demandar el centro, mientras tanto la señora lleva cuatro días en la unidad de cuidados intensivos del Salvador B. Gautier.
Otro caso
Otros familiares de pacientes enfermos no han tenido la suerte de tener el dinero para costear los gastos de una enfermedad, como es el caso de Newton Suárez (Tony), que hace 10 meses vio morir a su madre, Fredesvinda Súarez Castillo, de 75 años, debido a un cáncer de hígado.
Además de perder la batalla contra el padecimiento de su madre, la familia sufrió consecuencias emocionales, y económicamente quedó en ruina. Con los ojos aguados, Tony habla del sufrimiento de su madre y de las peripecias que junto a sus hermanos tuvo que pasar por intentar retenerle la vida a su madre.
Su madre no tenía seguro, solo los beneficios de haber sido esposa de un militar que por esa condición recibía algunas atenciones en el hospital de la Fuerza Aérea y el Central. Le dieron cuatro meses de vida, pero sus hijos se resistían y la pusieron en manos de distintos médicos. Vivió un año y dos meses más del pronóstico dado.
“Yo que soy el hijo mayor y que tenía un trabajo estable, tenía algunos ahorros, pero todo se fue. Yo me endeudé completamente, las tarjetas estuvieron todas en rojo, cogí varios préstamos de diferentes bancos, porque yo lo que quería era aliviarle la estancia a mi madre, dándole lo que quería, comprándole sus medicinas y haciéndole estudios carísimos”.
En términos económicos la familia quedó arruinada, pero dice que algo bueno hubo y fue que la enfermedad y la situación económica de todos los unió más.
La Ley de Seguridad Social
El espíritu de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue el de protección a la gente contra los riesgos de salud y vida, con el compromiso del Estado, la población y el sector privado, pero a once años de iniciado sigue arrastrando deficiencias que impactan negativamente entre los beneficiados y los que esperan protección.
Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), creadas en el marco de la Ley 87-01, son las prestadoras de los servicios a los pacientes, pero en el esquema dominicano ninguna de las 25 existentes cubre las enfermedades catastróficas en su totalidad.
El monto máximo de cobertura es de un millón de pesos, según la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social de 2010, pero las quejas frecuentes de pacientes es que las entidades no quieren cubrir ni siquiera el monto establecido, alegando que el cóctel de medicamentos y procedimientos para enfermedades catastróficas son costosos. l
Versión de Cedimat en el caso de Juana Guerrero
La doctora Giselle Ramírez, médico de cabecera de la señora Juana María Guerrero desde hace un año, niega la versión ofrecida por sus parientes y afirma que en ningún momento se les han negado servicios en Cedimat.
Aclara que la paciente fue llevada al centro a principio de la semana pasada con problemas gastrointestinales, no con afección cardíaca, pero que ese día hubo un problema con el sistema eléctrico y tenían la orden de no ingresar pacientes inestables y tampoco tenían camas disponibles en el área cardiovascular. Al día siguiente tampoco fue posible ingresarla porque no había disponibilidad de espacio en el área de cuidados intensivos.
Aclara que Cedimat no le niega atenciones a los pacientes que son llevados allí, aunque carezcan de dinero.
Por Adalberto de la Rosa
lunes, 22 de octubre de 2012
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La Ley de Seguridad Social sigue arrastrando deficiencias
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