A pesar de que el 28 de julio el presidente Leonel Fernández dio el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de construcción de la presa de Monte Grande, en Barahona, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Frank Rodríguez, dijo ayer que el diseño para la realización de la obra todavía no se ha hecho.
La realización del diseño tomaría un año y la construcción de la presa en sí se tomaría tres años, dijo el ingeniero Rodríguez.
El mismo día en que se dio el primer picazo, el presidente Fernández sometió al Senado el contrato para la construcción de la obra, por un monto de US$354.3 millones.
Rodríguez dijo que en estos momentos, para la construcción de esa presa el Gobierno cuenta ya con un préstamo de US$19 millones aprobado por el Congreso, y el Indrhi dispone para ello de US$24 millones provenientes de recursos internos por emisión de bonos. El ingeniero Rodríguez dio las declaraciones en el programa Uno + Uno, por Teleantillas.
“De aquí a diciembre nosotros tendremos los recursos para manejar todo eso”.
Mientras se diseña la presa, se contempla la realización de obras complementarias a ésta, entre ellas la rehabilitación del dique de Santana, dijo.
También la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, según el funcionario.
Sostuvo que esta obra será de gran beneficio para los habitantes de las provincias Barahona, Independencia, Baoruco y Pedernales y otras comunidades del Sur. “Pues irrigará miles de tareas, garantizará agua potable al acueducto regional del Suroeste”.
También servirá de control de inundaciones en las en esa región, manifestó el ingeniero Rodríguez.
Participación Ciudadana critica que la obra se vaya a ejecutar sin cumplir con los procedimientos de ley
El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó ayer que la forma en que el Gobierno conduce al Estado desde el punto de vista del manejo de la contratación de obras y servicios públicos es insostenible.
Deploró que una obra que ha sido cuestionada por supuesta sobrevaluación, como la Presa de Monte Grande, se vaya a ejecutar sin cumplir con los procedimientos de ley.
“Sabemos que es una obra necesaria para esa región, pero no podemos, independientemente de la necesidad que tengamos para una obra determinada, utilizar eso como una justificación para violar la ley, y más cuando esa obra ha sido denunciada como sobrevaluada”, dijo el coordinador general de la entidad, Santiago Sosa.
