La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reiteró este martes que en el gobierno no hay voluntad política para combatir la corrupción administrativa, rechazando de plano que la misma se quiera minimizar, tratando de confundir de que se trata de percepción, cuando ha sido más que evidente las irregularidades que diario se detectan en instituciones gubernamentales y municipales.
ADOCCO, lamentó que la República Dominicana se mantenga en el mismo lugar del Índice de Percepción de la Corrupción que cada año da a conocer Transparencia Internacional con un 3.0, colocándose entre los países con alta percepción de corrupción, percepción que se desprende de la realidad que día a día verifican los dominicanos con el accionar de los funcionarios públicos, que pueden apreciar el cambio de vida que los mismos experimentan de un día para otro, dijo el vocero Julio César de la Rosa Tiburcio, Coordinador General.
En el informe rendido hoy por Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional se observa que la República Dominicana aparece en el puesto No. 14 de 23 del continente americano, solo por debajo de Venezuela, Haití y Paraguay que ocupan los primeros lugares como los más corruptos del planeta.
La entidad de la sociedad civil que participó de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción, que elaboró un diagnóstico para identificar las aéreas vulnerables de la administración pública, resaltó la necesidad de que el gobierno mande el mensaje de que le interesa combatir la corrupción o de lo contrario la Republica
Dominicana dejará de recibir fondos provenientes de donaciones que tienen como condiciones el promover iniciativas por la transparencia.
Compartimos las palabras del presidente Leonel Fernández de que no hay una estructura estatal corrupta, pero tiene que reconocer que sí hay miembros de su gobierno que han sido denunciado por actos de corrupción y que el accionar de las instituciones llamadas a vigilar el uso de los fondos públicos no han cumplido con su misión constitucional y ni hablar con la entidad responsable de perseguirla judicialmente
