Dos barrios de Santiago asumen su propia defensa ciudadana.
Los constantes casos de criminalidad ocurridos en los últimos días dejan un mensaje negativo para el país, pues de continuar la situación, las autoridades perderían el control de la seguridad frente los grupos delincuenciales.
En ello coincidieron ayer el sociólogo Roberto Reyna y el especialista en tema de criminalidad, Daniel Pou, quienes advierten que se puede llegar a un estado en que las autoridades ya no tendrían capacidad para controlar toda la geografía nacional, porque aparecerían bolsones de autonomía regidas por las organizaciones delictivas, con las que el Estado tendría que negociar luego, para lograr cierta garantía ciudadana y de paz.
Ambos están convencidos de que situación de violencia, que sólo ayer dejó un saldo de por lo menos seis muertos -1,229 en el primer semestre- y que motivó que el presidente de la República, Leonel Fernández, se trasladara hasta Santiago, donde hoy realizará un panel sobre el tema, no es un asunto coyuntural, sino estructural, y, por tanto, plantean la revisión y aplicación de los planes de reformas en justicia.
"Definitivamente, el problema está en que la seguridad no se ha colocado dentro de la agenda del Estado Dominicano. Se han ido posponiendo las medidas razonables para prevenir y enfrentar la criminalidad y se ha intentado establecer una serie de reformas parciales que resultan parches dentro del andamiaje de las instituciones de lucha criminal y prevención", consideró Pou.
Entiende, además, que hasta ahora el sistema de seguridad no ha funcionado como debiera, porque sólo actúa en momentos determinados, pero luego decae por la falta de sostenibilidad política de parte del Estado.
Entiende que en los actuales momentos, los pasos que debe seguir el Gobierno son el implementar las políticas de seguridad ciudadanas y criminales que debe asumir el Estado, transparentar todo el sistema de seguridad, eficientizarlo y de ahí crear políticas de confianza mutua para que la ciudadanía se integre como elemento decisivo en la prevención.
Reyna a su vez entiende que se debe combinar los mecanismos de control y seguimiento de las personas, con el compromiso de toda la sociedad, con un plan educativo que 'atraviese' a todo el país. "Hay que hacer una revisión plena del funcionamiento institucional, tanto de la Policía Nacional como de la Justicia, respecto al manejo del caso de la delincuencia y la violencia. Hay que ponerlo todo sobre la mesa, que no queda nada fuera de la discusión, respecto a responsabilidad, causas y soluciones", sugiere. Tanto para Reyna como para Pou la política de mano dura fracasó y no funciona. Pou, entiende en cambio, que ya no se trata de usar la fuerza, sino de combatir y prevenir la criminalidad con políticas de inteligencia.
El fiscal Alejandro Moscoso Segarra advirtió que el problema de la violencia va más allá de los crímenes cometidos en las calles.
Sostuvo que el narcotráfico y el crimen organizado son responsables que haya mayores niveles de violencia y criminalidad. Dijo que la cruzada en contra de la delincuencia es una responsabilidad de todos.Por Tania Molina
Dos barrios de Santiago asumen su propia defensa
Brigadas de 10 hombres vigilarán las noches del barrio San José y La Mina como parte de una iniciativa de sus residentes para combatir la delincuencia.
Afirman que esta comunidad está en zozobra por los constantes robos y asaltos a personas y las propiedades por lo que han decidido armarse y defender lo poco que tienen y que le costado trabajo lograr.
A través del Comité de Defensa Barrial, se quejan de que principalmente en el sector conocido como El Hoyo se registran constantemente atracos, destrucción de ventanas y hasta de los hierros de casas habitadas y desmantelan los pequeños negocios.
“Estamos haciendo un llamado al Presidente de la República y al jefe de la Policía Nacional para que envíen a los departamentos investigativos, tanto de Inteligencia como de Investigaciones Criminales a fin de que nos devuelvan la tranquilidad lo antes posible”, expone el Comité de Defensa Barrial de San José y La Mina en un documento de prensa.
Este sector de la zona sur de Santiago ha sido reincidente en sus luchas por mejorar las condiciones sanitarias, viales y educativas de sus residentes, pero también en la preservación de su espacio. Hace tres años se armaron de palos y otras armas para montar vigilancia contra la delincuencia y este año protagonizaron protestas para sacar a los haitianos ilegales que, según alegaban, habían invadido su territorio.
Vecinos unidos. Una situación similar asumieron otras comunidades de la zona sur de Santiago. Las organizaciones comunitarias llegaron incluso a atrapar y golpear algunos supuestos delincuentes a los que decían haber sorprendido cometiendo robo. También se sumaron a la campaña contra los haitianos indocumentados.
Angelita Villamán, secretaria de organización de las 46 organizaciones afiliadas, dijo que cada uno de sus miembros mantiene una comunicación constante por los teléfonos móviles y ante cualquier llamado responden con la integración para apresar y entregar a las autoridades a quien sea sorprendido robando o cometiendo cualquier acto delincuencial.
“Tenemos un cerco cerrado y desde que vemos algo raro en nuestros barrios nos estamos comunicando, es una forma de prevenir que ocurra algo, no podemos esperar que la policía llegue cuando ya todo esté consumado”, expuso Villamán.
Lo que se mueva. No descarta que ante el aumento constante de la delincuencia y la criminalidad tengan que llegar asumir una vigilancia constante, “pero por el momento todos estamos en cadena y desde que se mueva algo todo caemos ahí, los vecinos estamos juntos en la defensa de nuestro espacio”.
En comunidades como Arroyo Hondo y la Yapurt, en la zona sur, han tendido sus experiencias de vigilancia, los vecinos han agarrado algunos delincuentes mientras cometen sus fechorías, pero luego son libertados por falta de pruebas.
