Lae ntidad que agregó que la inversión de escasa rentabilidad, sin atender a prioridades, así como el empleo y las pensiones incrementaron la nómina pública en 70 por ciento en los últimos cinco años, lo que provocó durante este período un déficit fiscal que sobrepasa los 350 mil millones de pesos, con un financiamiento que duplicó la deuda pública.
“Por todo lo anteriormente expresado adelantamos que propondremos en el seno del Consejo Económico y Social (CES) que antes de discutir nuevos tributos el gobierno presente un plan detallado de reducción del gasto de manera que los altos estamentos del Estado carguen con una parte del costo del despilfarro”, indicó.
Pidió el total esclarecimiento de “las acciones que generaron el mayor déficit fiscal de la historia nacional” y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar.
Además, exigió una reducción de altos cargos, administrativos, diplomáticos y consulares para retrotraer la nómina pública a los niveles de diciembre del 2010, antes que iniciara la última campaña electoral, así como la reducción salarial de los restantes.
También la supresión de una serie de organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Instituto de Estabilización de Precios, el Consejo Estatal del Azúcar, la Comisión Presidencial de Apoyo al Sector Salud, entre otras.
Exige austeridad. PC solicitó del Estado la fusión de los organismos con duplicidad de funciones en los ámbitos de obras públicas, transporte, asistencia social y agropecuaria, comenzando por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en vez de supervisar compite con el Ministerio de Obras Públicas.
Así como, la creación de un solo consejo de administración de las empresas estatales del sector energético, y la reducción de otros que son innecesarios, así como la reconversión en honoríficos de aquellos que sean indispensables.
Demandó la revisión definitiva de contratos de adquisición de energía eléctrica y de compra de carburantes que implican pérdidas por miles de millones de pesos que agravan la situación del sector energético y encarecen el ineficiente servicio. Al mismo tiempo un compromiso de hacer pagar a los grandes expropiadores de energía.
El movimiento requirió la supresión de los barrilitos y cofrecitos que se han atribuido los legisladores para el reparto clientelista, práctica de claro corte inconstitucional pues rompe la equidad electoral, además de que el asistencialismo social no figura entre sus atribuciones, lo que ahorraría cientos de millones de pesos anuales. También la supresión de la venta de exoneraciones de automóviles con lo que gran parte de los legisladores hacen negocios auspiciando la importación de vehículos de lujo.
En adición a esto, Participación Ciudadana, insistió en la reintroducción al Congreso del proyecto original de Ley de Regulación de los Salarios Públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública con amplias y extensas consultas, deformado por los legisladores, y que no haga excepción de ningún estamento estatal en sus alcances.
Además solicitó la revisión de todas las pensiones desproporcionadas y privilegiadas otorgadas tanto por el Poder Ejecutivo como por estamentos del Estado, así como la devolución de las liquidaciones de funcionarios que continuaron en sus posiciones y la modificación de la ley electoral para reducir el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para que se otorgue tan sólo en los años de elecciones.
