
Su hegemonía en el servicio del transporte público le ha permitido a los sindicatos de choferes imponerse en la mayoría de sus reclamos frente a los distintos gobernantes del país.
Por lo menos en los últimos cinco periodos gubernamentales, los grupos choferiles han logrado que se les satisfaga con la creación de fondos, exenciones de impuestos, financiamientos y subsidios, todos bajo la excusa de renovar las flotillas o hacer frente a los altos costos de los combustibles.
Los sindicatos, que manejan casi en su totalidad el servicio de transporte nacional, se encuentran en la actualidad en negociaciones con el gobierno al que le han planteado, entre otras cosas, la creación de un fondo para renovar sus flotillas. Dicho fondo se haría descontando un peso por consumo de los combustibles.
Una propuesta como ésta también se presentó a principios del 1994 cuando el extinto presidente Joaquín Balaguer creó el Fondo de Desarrollo y Fomento del Transporte, con el objetivo de sacar los vehículos viejos de las calles. Como parte de los acuerdos de entonces, anunciados mediante una manifestación de apoyo de parte de los choferes al presidente Balaguer, con miras a las elecciones presidenciales de ese año, el Banco de Reservas debía asumir el costo total de los vehículos que importaran los choferes, y éstos pagaban el financiamiento.
En el 1996, cuando el presidente Leonel Fernández asumió la presidencia por primera vez, las nuevas autoridades denunciaron que los choferes habían estafado al Estado con más de 15 millones de pesos, al dejar de pagar dicho financiamiento.
No obstante, a finales de ese año el Gobierno preparó un paquete de reforma fiscal que incluía aumento de ITBIS, de 8 a 11% y alzas de los combustibles, y como salida a las amenazas de aumento del pasaje de los grupos choferiles, Fernández dispuso en el mes de diciembre un subsidio transitorio de 2,000 pesos mensuales a los choferes.
Pese a la transitoriedad, al 1998 los choferes alegaban deudas por más de 280 millones de pesos por atraso en esa subvención, y como compensación pedían además la creación de un impuesto único para la renovación de sus flotillas.
En el 1999 el Gobierno firmó un acuerdo con choferes de la ruta de la avenida Máximo Gómez pertenecientes a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), mediante el cual le recibiría sus unidades de guaguas viejas, como pago inicial para pasar a operar la ruta de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) en esa vía. Meses después, y ante las quejas por supuesto incumplimiento del acuerdo, el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana debió pagar diferentes montos por atrasos y comprometerse al pago de 8 mil pesos mensuales a los dueños de los autobuses.
Con Fenatrano el Ayuntamiento del Distrito firmó, además, un acuerdo para financiarle alrededor de dos mil vehículos a bajo costo.
También en el 1999 los choferes lograron un acuerdo para mejorar el transporte, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a darle un impuesto único de importación con garantía financiera, una tasa de interés preferencial con la banca comercial privada para la importación de vehículos. Y ya en abril del 2000 el presidente Fernández anunció la compra de unos dos mil vehículos a un costo de 29.6 millones de dólares (unos 473 millones de pesos a la tasa de entonces, que era de 16 pesos por dólar), también para renovar las flotillas del transporte público.
El proyecto, que dirigía el entonces secretario administrativo de la Presidencia, Danilo Medina, además candidato presidencial por el partido de gobierno, le daba condiciones blandas a los transportistas para el pago de las unidades. Estos vehículos fueron los taxistas amarillos, denominados "pollitos".
A pesar de las críticas al reparto de los "pollitos", porque supuestamente se dieron sólo a los peledeistas, el presidente Hipólito Mejía, apenas dos semanas después de su arribo al poder en agosto de 2000, anunció la creación de un fondo especial de compensación de 500 millones de pesos destinados al sector transporte público. Mediante el decreto 618-00 estableció una tasa cero para la importación de vehículos del transporte de pasajeros y arancel de sólo un 8% para los de carga. Esto con la idea era resarcir los efectos del precio de los combustibles, a los choferes.
Al mes siguiente del decreto, se anunció el famoso Plan Renove, que preveía una inversión de 350 millones de dólares y al año siguiente empezaron a llegar los "pollitos blancos" o "garzas".
Subsidios
En el 2007, mediante el decreto 677-07 la nueva administración de Fernández creó otro subsidio de RD$ 28.55 por cada galón de gasoil a los choferes. Como en las ocasiones anteriores ese subsidio buscaba evitar un incremento de los pasajes, un año post-electoral. Desde noviembre del 2008 los choferes gozan además de un subsidio para GLP a través del Programa Solidaridad, mediante el cual han recibido RD$1,053,370,260 desde noviembre del 2008, cuando se creó el componente Bono Gas Chofer, hasta agosto de este año. /Por tania molina