Continúan las denuncias de irregularidades en Bienes Nacionales, esta vez, Nuria Piera presentó la nómina de 882 inspectores que cobran sin trabajar, al igual que ocurre en el Departamento de Recuperacion de Bienes.
De acuerdo a la investigación de la periodista, en Recuperación de Bienes de 358 empleados sólo una mínima cantidad desempeña alguna función, lo cual se añade a los casos de la nómina de Bienes Nacionales, donde hay personas que están fuera del país o simplemente no se presentan a trabajar.
Entre ellas, Mercedes Ignacio, quien nunca se ha presentado a trabajar, Domingo Madera, quien a pesar de llevar meses fuera del país sigue cobrando y José Andrés López, quien también cobra y no trabaja, conforme al reportaje de Piera.
Según la comunicadora, en la auditoría que desde el 2008 procesa la Cámara de Cuentas, el Administrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez, afirma que la lista de los 882 inspectores se la envía la Presidencia de la República para que él la pague desde allá.
Diana de León Contreras figura en la nómina como subdirectora y devenga un salario de RD$50,651.33, la joven funcionaria es hija del Director de Finanzas de Bienes Nacionales, esto confirma, explica la comunicadora, las denuncias de nepotismo que había hecho anteriormente en su programa.
En el Departamento Jurídico, David Aponte sigue cobrando a pesar de que lleva varios años residiendo en Estados Unidos, “este señor de avanzada edad es un viejo roble del Partido Quisqueyano Democrata”, sostuvo.
Diferentes sectores también se refirieron al caso de los terrenos, que alegan que en la solicitud al Presidente de declarar de utilidad pública 96 mil metros cuadrados de la parcela 77, se trata de un área exclusiva de San Pedro de Macorís, que consta de 28 millones 370 mil metros, de los cuales la esposa, el cuñado y la suegra de Wessin Chávez dicen poseer dicha porción.
En 1990, cuando Wessin Chávez era diputado, el entonces presidente Joaquín Balaguer, mediante decreto 167-90 declaró de utilidad pública la porción de terreno de los Romero Fuentes, la familia de la esposa de Wessin Chávez, con el fin de construir un proyecto de viviendas populares, pero luego este decreto fue derogado por alegado tráfico de influencias.
Consideran viola la ley
En 1993 cuando Wessin se desempeñaba como secretario de deportes del gobierno de Balaguer, mediante el deceto 133-93 se excluye la expropiación de los terrenos de la familia política de Chávez.
Esto demuestra que no se cumplió con el primer decreto de expropiar a las partes aunque no estén de acuerdo, señala Piera.
Luego en 2008, como administrador de Bienes Nacionales, Wessin Chávez vuelve a hacer gestiones para que los terrenos de su esposa fueran declarados de utilidad pública, pero en la carta de Wessin Chávez al presidente Leonel Fernández, de fecha 19 de diciembre de 2007, precisándole que declare de utilidad pública y bien social los inmuebles, no identifica a los dueños como sus familiares y logra que se declare exclusivamente los terrenos de la Familia Romero Fuentes, repitiéndose la intención que motivó el decreto de 1990.
De acuerdo a Bienvenido Brito, ex administrador de Bienes Nacionales, no es competencia de esa entidad solicitar declarar la utilidad pública de ninguna propiedad.
La iniciativa de Wessin Chávez está prohibida por la ley, según el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja.
Asimismo, Luis Scheker Ortiz, ex coordinador de Participación Ciudadana, y el presidente de la Comisión de Ética Pública, Marino Vinicio Castillo, entienden que en la actuación se incurre en varias violaciones a la ley. Algo altamente criticado es la intención de ocultar que los beneficiarios eran sus familiares.
