Declarar inconstitucional su propia ley orgánica es lo que tendrá que hacer el Tribunal Constitucional gracias al lamentable entuerto cometido por los senadores de aprobar una ley orgánica cuyo prppósito es mutilar facultades que la Constitución reconoce al nuevo tribunal.
El reconocido abogado Juan Antonio Delgado apoyó la decisión de la Cámara de Diputados de aplazar el conocimiento del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El doctor Delgado aseveró que “la decisión adoptada por los diputados es digna de encomio, por cuanto la decisión tal como fue aprobada por el Senado de la República resulta reñida con la Constitución de la República y por lo tanto sería una ley condenada a que el propio Tribunal Constitucional, una vez en funcionamiento, se estrene con la disyuntiva de tener que declarar su propia ley orgánica como inconstitucional”. Delgado, quien es consejero de telecomunicaciones del gobierno, hizo “un llamado a la reflexión a los miembros de la Cámara de Diputados a los fines de que traten de corregir el lamentable entuerto cometido por los senadores”. Abogó porque la Cámara Baja “adopte una actitud de contraste por la asumida por el Senado y proceda a una discusión más abierta y participativa de este proyecto de Ley”.
Dijo que es partidario de que el proyecto de Ley sea aprobado tal cual lo remitió el presidente de la República, sin las modificaciones realizadas por el Senado que son violatorias a la Constitución y que reviven un debate que ya fue sostenido cuando los legisladores discutieron la aprobación de la Constitución actualmente en vigencia.
“Es increíble –enfatizó el doctor Delgado- que un Senado integrado por una cantidad considerable de legisladores que firman la Constitución vigente y que participaron en los debates que se produjeron con motivo de su discusión y aprobación, hoy pretendan mediante una ley adjetiva como lo es la ley orgánica del Tribunal Constitucional mutilar facultades que la Constitución reconoce al nuevo tribunal”.
Consideró que la posición asumida por el Senado, siguiendo una petición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, “crea un grave conflicto antes que resolver un supuesto choque de trenes entre dos órganos constitucionales”.
Manifestó finalmente Delgado que la Cámara de Diputados debe abocarse a una discusión abierta de esta ley, ya que según afirmó, “es importante escuchar los pareceres de la comisión de juristas designada por el Presidente de la República que tuvo a su cargo la responsabilidad de redactar la misma, que la integran prominentes especialistas en derecho constitucional y derecho procesal”.
Consideró, además, que las opiniones del Procurador General de la República y del consultor jurídico del Poder Ejecutivo “deben ser aireadas porque una discusión pública propiciada por la Cámara de Diputados va a dejar claro que la decisión del legislador que aprobó nuestra Constitución de enero del 2010 fue tajante en el sentido de que, únicamente el tribunal constitucional de la República está habilitado para dar la última interpretación de nuestra Carta Magna y que sería un caos permitir la existencia de dos jurisprudencias constitucionales, como pretende la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo tanto, “resulta claro que a tenor de las disposiciones de los artículos 184 y 277 de la Constitución, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que violen la Constitución de la República también pueden ser susceptibles de ser revisadas por el tribunal constitucional, en virtud del mandato de la Carta Magna que establece que corresponde a este tribunal el control de la constitucionalidad de cualquier medida y que esa facultad no puede ser suprimida por ninguna ley adjetiva que dicte el Congreso, so pretexto de establecer una ley orgánica para el nuevo tribunal constitucional”.
