En diciembre de 2008, y con el objetivo de determinar si los contratos podían ser rescindidos, renegociados o cancelados, se creó la comisión bicameral especial de Asuntos Energéticos del Congreso, que inició la revisión de seis contratos eléctricos firmados entre el Estado y las empresas generadoras Ege Haina, Ege Itabo, Palamara-La Vega, Compañía Eléctrica San Pedro de Macorís, Smith/Enron Cogeneration Limited Parthership, y los del llamado Acuerdo de Madrid.
La comisión, presidida desde su formación por el senador Juan Orlando Mercedes (PLD-Independencia) se reunió con el entonces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, quien explicó a los senadores y diputados varios aspectos de estos contratos. El encuentro se extendió por varias horas.
Para justificar la acción, el presidente de la comisión especial bicameral,, afirmó que la revisión de esos contratos obedecía a las denuncias de algunos sectores que dan cuenta de que los mismos son onerosos para el país.
Nunca se supo de otras reuniones con los ejecutivos de las empresas generadoras de electricidad, ni con las distribuidoras, por lo menos de manera pública, y tema volvió a las gavetas del Senado.
Dos años más tarde, en diciembre de 2010, la comisión permanente de Asuntos Energéticos regresó de su silencio y anunció que en los primeros días de enero de 2011 sometería un proyecto en procura revisar los contratos del Estado con las empresas privadas de generación eléctrica.
Para la fecha, el presidente de la comisión, el senador Mercedes, expresaba "su preocupación" por el deterioro del servicio de la electricidad. En la víspera se había reunido con Leopoldo Espaillat Nanita y José Luis Moreno San Juan, profesores investigadores del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y técnicos del área, con quienes trató el tema.
Antes, la comisión había "dejado sin efecto" un proyecto del también senador Adriano Sánchez Roa dirigido a rescindir los susodichos contratos, tema sobre el cual el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Celso Marranzini, dijo que "era lo ideal" y recordó que antes de asumir el cargo había abogado por la rescisión de los contratos.
Todo volvió a quedar en nada. La comisión recogió el tema hasta la pasada semana, cuando fue puesto de nuevo en el tapete por los senadores peledeístas Félix Nova, de Monseñor Nouel; Rafael Calderón, de Azua y Dionis Sánchez, de Pedernales, y el reformista Amable Aristy Castro, de La Altagracia, quienes solicitaron en la sesión la revisión de los contratos.
Los argumentos no han variado y no hay por qué esperar que varíen los resultados.
