Nuevamente este año, el gobierno viola la Ley de Educación cuando asigna al sector una partida presupuestaria equivalente apenas al 1.98 por ciento del producto interno bruto.
Producto de este flagrante incumplimiento de la Ley, que establece como presupuesto anual de la cartera una suma equivalente al 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), la República Dominicana está lejos de una “revolución en la educación nacional”, como anunciara recientemente el presidente Leonel Fernández en Nueva York. Por el contrario, los resultados hablan de “una verdadera involución”.
Con estas opiniones reaccionó la Junta de Directores de EDUCA al anuncio de que el Ministerio de Educación recibirá 41,568 millones de pesos en el Presupuesto de 2011, lo que no solo viola la Ley del sector, sino también los consensos a los que llegó el Ejecutivo con diferentes sectores.
Recuerda la entidad que entre los acuerdos adoptados por el Gobierno y los sectores vinculados a la educación están el Plan Decenal de Ecuación 20082018, la Cumbre por la Unidad Nacional y el Pacto Social por la Calidad de la Educación, y por los cuales el Ejecutivo se comprometió a asignar al Ministerio de Educación en el Presupuesto del año próximo una partida igual al 3.42 por ciento del PIB. En términos monetarios, este porcentaje equivale a 71,797 millones de pesos
“Recordemos que los países de Latinoamérica y el Caribe le dedican, en promedio, más de un 5% a la Educación. Con menos de un 2%, la República Dominicana jamás podrá competir con esos países ni pretender mejorar la calidad de vida de los dominicanos, según lo demuestra flagrantemente el último estudio del Foro Económico Global donde el país retrocedió seis lugares en competitividad y obtuvo el lugar número 137 de 139 en educación básica. Igualmente, quedamos en último lugar en un estudio internacional sobre competencias ciudadanas en el que participamos junto a otros 37 países”, afirma la Junta de Directores de EDUCA.
Añaden que el logro de los Objetivos del Milenio, las metas OEI 2021 y los índices de desarrollo establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, obliga a una reestructuración radical del gasto público y dedicar a la educación todos los recursos necesarios.
“De esa manera no tendremos que pedir más excusas ante la ONU y el mundo por nuestro incumplimiento y sí estaríamos cumpliendo con un mandato de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y con un imperativo ético ciudadano”, afirma la Junta de Directores de EDUCA.
La entidad exhorta a estudiantes, padres, asociaciones de padres y educadores, y la sociedad en su conjunto, a procurar por todos los medios lícitos un presupuesto que permita superar las deficiencias del sistema educativo para poder alcanzar el desarrollo que se propugna./7 días.com
