Comercio ilegal de carbon, un negocio que opera a sus anchas. - Barahoneros

lunes, 31 de enero de 2011

Comercio ilegal de carbon, un negocio que opera a sus anchas.



Por Oscar Quesada Fuente EL CARIBE, Tierra Nueva, Independencia. La quema ilícita de carbón vegetal en las provincias Independencia y Bahoruco está concentrada en más de 20 comunidades. Su producción es almacenada en los poblados de Tierra Nueva, Boca de Cachón y Puerto Escondido, en puntos localizados en zonas inhóspitas y bien apartados de la civilización.



Los sitios de acopio o almacenamiento de cientos de sacos de carbón, quemados de forma indiscriminada y sin contar con permisos ambientales, están situados en lugares estratégicos de estas provincias, de forma tal que utilizando el paso por el lago Azuéi faciliten su traslado hacia Haití.



En un amplio recorrido que abarcó varias zonas de las provincias Independencia y Bahoruco, reporteros de El Caribe observaron parte del trayecto utilizado por dominicanos y haitianos para trasladar el carbón hasta donde es almacenado con fines de exportarlo al vecino país.



Los depósitos de sacos de carbón producidos son celosamente resguardados por nacionales haitianos, dispuestos incluso a defender con su vida la permanencia de un negocio de donde sacan interesantes dividendos, y en el que se cree hay sectores poderosos involucrados.



En la comunidad La Cuarenta, situada al sur de Tierra Nueva y habitada por inmigrantes haitianos, funciona un puesto de acopio donde hay decenas de sacos almacenados y listos para ser despachados al otro lado de la isla.



En este asentamiento levantado a la orilla del lago Azuei, están también las barcazas que transportan el carbón hacia Haití, específicamente hacia Fonds Parisien, desde donde son llevados a Puerto Príncipe y Jamaica, según informes suministrados a este diario.



En La Cuarenta de Tierra Nueva ningún haitiano habla ni hace referencias al negocio que cada año mueve decenas de millones de pesos, y donde no existen sanciones contra quienes deforestan de las montañas, montes y bosques de esta empobrecida región.



Al enterarse de la presencia de reporteros, los haitianos reaccionaron agresivos y con actitud desafiante. “Salgan de aquí. Esto no es de ustedes, los dominicanos. Aquí nadie va hablar de nada. Se van ahora mismo. ¡Que se vayan, les digo. Rápido!”. Así reaccionó un haitiano que se hace llamar “El Jefe” de ese poblado, mientras mostraba un carnet que no hubo tiempo de leer, por la tensión e incertidumbre que produjo aquel momento.





María de los Santos vicesíndica de jimaní



La vicesíndica de Jimaní, María de los Santos Nova, asegura que a pesar de que el tráfico ilícito de carbón es una realidad que afecta con mutilar la salud ambiental de la provincia, todavía no existe un plan coordinado entre las autoridades locales para enfrentar esta situación. “Aquí no existe eso”, aseguró de los Santos Nova.



Está consciente de que este negocio envuelve a haitianos y dominicanos con elevados niveles de influencia, pero insiste en que no existe nada concreto para castigar a los asesinos del medio ambiente.



“Ellos (los haitianos) que cortan la leña para hacer el carbón, es porque hay dominicanos detrás de eso.



No sé hasta dónde será la complicidad”, sostiene de los Santos Nova.



Acopios en zonas inhóspitas

A La Cuarenta se llega transitando un camino habilitado en medio de una zona árida y agreste; donde solo se advierten cactus, bayahonda y xerófilas características de terrenos secos y desolados.



Ni las propias autoridades se explican cómo es posible mantener el trasiego de carbón en una región predominantemente militarizada. Pues, desde la fortaleza de Jimaní hasta el municipio Los Ríos, en Bahoruco, hay 9 puestos de chequeos custodiados por efectivos del Ejército Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).



Informes recabados por El Caribe dan cuenta de que el comercio ilegal de carbón, en detrimento de la conservación de los bosques secos de la zona transfronteriza, es desarrollado por grupos de negociantes dominicanos y haitianos que financian la producción ilícita de este producto, involucrando a los organismos responsables de vigilar la frontera común entre ambas naciones