El Tribunal Contencioso y Administrativo pospuesto para este jueves 2 el recurso de amparo contra la Policía Nacional, en la persona de su jefe José Armando Polanco, interpuesto por el sacerdote jesuita Mario Serrano, Mario Bergés y Patricia Gómez, en representación de la Coalición Educación Digna.
El aplazamiento tiene por finalidad permitir a la Policía preparar fines su defensa y tome comunicación de los documentos que contiene el expediente.
Desde primeras horas de la mañana, y aún antes de que llegaran al tribunal los solicitantes del amparo, varios agentes de la policía se apostaron frente al tribunal en la calle Juan Sánchez Ramírez, en el sector Gascue. Abandonaron el lugar cuando comenzaron a llegar los periodistas que cubrirían la audiencia.
Representados por los abogados Nassef Perdomo Cordero y Laura Acosta Lora, los miembros de la Coalición Educación Digna piden al tribunal proteger sus derechos constitucionales de libre expresión, libre tránsito e integridad personal, que entienden vulnerados por la Policía cuyos agentes agredieron las manifestaciones pacíficas realizadas los días 29 de octubre y 5 de noviembre frente al Palacio Nacional para demandar el cumplimiento de la Ley de Educación que establece una inversión presupuestaria para el sector equivalente al 4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En el recurso de amparo, los solicitantes piden al tribunal declarar ilícita la vulneración del derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y sin permiso previo; ordenar a la Policía que suspenda de manera inmediata cualquier acción presente o futura que vaya en detrimento de los miembros de la Coalición Educación Digna a manifestarse frente al Palacio Nacional o en cualquier lugar público; cumplir el mandato constitucional y legal de garantizarles el libre y pacífico ejercicio de sus derechos fundamentales cada vez que decidan hacer uso de los mismos y reconocer y garantizar esos derechos en todo momento y lugar.
Tras abundar en los derechos fundamentales vulnerados por la acción policial, el recurso afirma que con las agresiones a los miembros de la Coalición Educación Digna, la Policía viola no solo la Constitución sino también su propia Ley Institucional.
“Lo que es más, está haciendo un uso ilegítimo y prohibido de los poderes que le otorgan la Constitución y la Ley. Al usar este poder no solo en violación a estas normas jurídicas, sino también en contra de su objetivo fundamental, la Policía Nacional incurre en la violación del principio de delegación del poder soberano del pueblo (de los artículos 2 y 4 de la Constitución) y, por lo tanto, sus actos no se encuentran amparados por ningún tipo de legitimidad. Esto borra las barreras entre el ejercicio de las facultades y el delito”.
“Si esta es una democracia. Hay que permitir a los ciudadanos el derecho de expresarse”. adujo Perdomo Cordero.
“La Policía actúa de manera arbitraria e ilegal irrespetando su propia Ley y la Constitución . Estamos a merced de la Policía Nacional: un día permite que se manifiesten y otro día no. Un día no los dejan protestar y les arrancan las sombrillas y los arrastran y los golpean . No podemos estar a merced del mal humor de la autoridad” alegó Acosta Lora.
Los jueces que conocen el caso son Yadira de Moya, Frinette Padilla y Julián Henríquez, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.
