Decenas de haitianos indocumentados han abandonado los sectores de la zona Sur de Santiago, cuyos pobladores, a través de sus juntas de vecinos, amenazaron con expulsarlos si a más tardar el 27 de febrero las autoridades de Migración no proceden a repatriarlos.
Pero las orillas de los ríos y cañadas de algunos barrios populares se han convertido en el lugar preferido para el establecimiento de barrios improvisados de inmigrantes haitianos, mientras que los dominicanos se quejan por los daños ambientales y manifiestan su temor a la propagación del cólera.
Las márgenes de los ríos Yaque del Norte y Licey, que recorre Tamboril y pasa por Licey al Medio, así como las cañadas de Gurabo, Hato Mayor y Pekín constituyen un ejemplo de los espacios tomados para el levantamiento de casuchas.
Debido a los daños ambientales a la Cañada del Diablo, el Consejo de Juntas de Vecinos de la zona sur tiene programado para hoy, a partir de las nueve de la mañana, comenzar a desalojar de su orilla a decenas de familias haitianas.
José Alberto Peña, vocero de la agrupación, explicó que alrededor de 2,800 comunitarios se sumarán a las labores de desalojo.
Advirtió que no aceptarán la intervención de los jesuitas y que, de presentarse, serían sacados de la misma manera que los ilegales. Las condiciones en que viven los extranjeros son deprimentes, al punto de que el agua que toman y que utilizan para cocer los alimentos proviene de los mismos afluentes.
Pese a que en varias ocasiones los enfrentamientos entre dominicanos y haitianos, así como los operativos de los organismos que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales han dejado como resultado el desalojo de decenas de familias de la vecina nación, los asentamientos se vuelven a producir.
En la orilla del río Licey, a su paso por el municipio de Tamboril, detrás de la principal envasadora de gas, se han establecido en poco tiempo cerca de 60 familias haitianas.
La mayoría de los habitantes de la zona posee documentación que los acredita como residentes, por lo que las quejas giran en torno a las autoridades, por permitir el asentamiento en zonas vulnerables.
Una situación similar se presentaba en Licey al Medio, pero, tras la muerte del obrero Jesús Marcelino Rivas a manos de un haitiano, para despojarlo de 20 mil pesos, sus moradores decidieron expulsar a decenas de ciudadanos del vecino país.
Debido a las confrontaciones, al menos 20 familias tuvieron que huir y establecerse en zonas cercanas.
El río Yaque del Norte es el más afectado con la creciente llegada de inmigrantes haitianos.
En agosto del 2005, tras el desbordamiento del río Licey, los más afectados fueron extranjeros de la vecina nación. En esa ocasión, la mayoría de las familias quedaron desamparadas.
En el año 2007, con el desfogue de la presa de Tavera, fallecieron varios haitianos que residían en los sectores Bella Vista y Rafey.
Abandonan barrios de Santiago
El abogado José Alberto Peña, vocero y vicepresidente de la Coordinadora de Juntas de Vecinos de la Zona Sur de Santiago, visiblemente emocionado, dijo que desde el lunes en la noche hasta ayer se han ido más de 200 haitianos.
“Están dejando en limpio nuestros sectores, se han metido en miedo porque nosotros hemos visitado pensiones por pensiones y casuchas por casuchas para advertirles que los que no tienen documentos los vamos a expulsar a partir del 27 de febrero”, comentó.
No obstante, Peña aclaró que aquellos que tienen documentos no serán molestados.
Igualmente reveló que en la reunión prevista para hoy entre los residentes de esos barrios, Migración y otras autoridades locales, propondrán que se dote de carnés temporales a aquellos haitianos que viven en la zona de manera ilegal, pero que trabajan, estudian y se portan bien.
“Pero los que quedan viviendo de manera ilegal que todavía son muchos, propondremos a Migración que los repatríe, porque de lo contrario a partir del 27 de febrero lo haremos nosotros, porque ya no aguantamos más”, indicó. Reveló que los haitianos ilegales que se han ido residían en los sectores Arroyo Hondo, la Yapur Dumit, Cañada del Diablo y Jardines del Yaque, pero aclaró que no sabe a cuáles otras comunidades se mudaron.
Peña confió que desde hoy Migración y otras autoridades comiencen a tomar medidas y de esa manera se evite que los vecinos tengan que accionar.
También sostienen que se mantendrán vigilantes para evitar que se muden a sus sectores nuevos haitianos y advirtieron a los traficantes de estos ciudadanos que se abstengan de llevar a sus barrios a ilegales.
Relación entre haitianos y dominicanos
El procurador de Medio Ambiente, Jacinto Mejía Amaro, informó a El Caribe que en varias ocasiones han tenido que derribar casuchas levantadas a orillas de ríos y cañadas.
De acuerdo con Mejía, dentro de los principales delitos ambientales cometidos por los haitianos figuran el corte de árboles, tráfico de carbón y extracción de arena.
La relación entre haitianos y dominicanos se ha visto afectada en los últimos días.
En las comunidades La Mina y Hato Mayor, ambas ubicadas al sureste del municipio de Santiago, los moradores comenzaron a sacar a los haitianos, al punto de que se resisten a alquilarles habitaciones.
Contrario a esas barriadas, en Licey y Tamboril los propietarios de pensiones prefieren a los extranjeros, pues dicen que la mayoría es buena paga.
Igual pasa debajo del puente de la avenida Estrella Sadhalá, donde la mayoría de los habitantes son haitianos, que se integran fácilmente a los trabajos de acondicionamiento de sus callejones.
Regularán braceros de Haití para prevenir el cólera
El gobierno y empresarios dominicanos anunciaron regulaciones a la contratación de braceros haitianos para evitar la propagación del cólera y para que las deportaciones de indocumentados no afecten la producción.
Representantes de las asociaciones de productores de arroz y de otros rubros agrícolas se comprometieron a contratar sólo haitianos que cuenten con permiso temporal de trabajo a fin de que los inmigrantes indocumentados no permanezcan en el país.
Aunque la ley de migración prohíbe la contratación de indocumentados, miles de haitianos cruzan cada año la frontera, muchas veces como víctimas de traficantes de humanos, para trabajar en las fincas agrícolas, en labores domésticas o como albañiles.
"Hay personas que tienen algún negocio de traer indocumentados, con lo cual les va bien", reconoció el presidente de asociación de arroceros, Miguel de Moya. Garantizó el compromiso de su gremio de no usar mano de obra ilegal.
Según estimaciones de Naciones Unidas, unos 600.000 indocumentados haitianos vivían en República Dominicana antes del terremoto que devastó Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010.
El número de indocumentados se incrementó a alrededor de un millón luego del terremoto, de acuerdo con la dirección de Migración, que por razones humanitarias había suspendido temporalmente las deportaciones masivas de ilegales.
El ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, advirtió esta semana el temor de los productores agrícolas de que la nueva ola de repatriaciones que emprendió la Dirección de Migración este año afecte a los braceros haitianos que laboran en las fincas.
El Ejército informó que sólo en los primeros 17 días de enero fueron devueltos a Haití 1.221 inmigrantes, además de que fueron detenidos varios traficantes de indocumentados.
Como parte de las repatriaciones, agentes migratorios han establecido de forma sorpresiva puestos de control en las autopistas que conducen a Santo Domingo y en las estaciones de autobuses foráneos para detener a los inmigrantes haitianos.
El director de Migración, Sigfrido Pared, reiteró el lunes que las autoridades continuarán la detención y devolución de los haitianos que intenten ingresar clandestinamente al país a fin de impedir la propagación del cólera.
El Ministerio de Salud exigió el martes a los productores agrícolas crear un control, mediante fichas epidemiológicas, de la ubicación y circulación de todos su personal haitiano como una forma de detectar posibles casos de cólera y darles atención médica.
Desde que en octubre comenzó la epidemia de cólera en Haití, más de 3.800 personas han muerto en ese país y cerca de 200.000 se han visto afectadas. En República Dominicana, sólo se habían detectado hasta el martes 225 casos y ninguna muerte.
Estimaciones de las autoridades sanitarias indican que el país tiene un déficit de 100.000 letrinas o unidades de baño, especialmente en la provincia fronteriza de Elías Piña y su vecina San Juan de la Maguana, donde se concentra más de la mitad de casos de cólera.
El gobierno también se comprometió a construir de forma urgente 15.000 letrinas en zonas rurales cerca de la frontera con Haití.
