El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el cierre del Canal Seis Dajabón Cable Visión por el conflicto surgido entre la administración de ese medio y los productores de programas que se opusieron al arrendamiento del mismo durante los días del 12 al 14 de este mes.
También condenó el bloqueo de la señal del canal 20 Virus TC, de Santiago de los Caballeros por parte de la empresa estatal Aster TV.
Olivo De León, secretario general del gremio, deploró la decisión de la administración del canal seis de Dajabón de arrendar ese medio del 12 al 14 de este mes a un partido político y de ordenar la salida del aire de esa frecuencia desde la seis de la tarde del pasado dejando fuera los programas producidos por los periodistas de esa localidad.
Calificó de ilegal y arbitraria la decisión de la administración de ese medio y le exhortó a negociar con los productores pagándoles el tiempo que estarían fuera del aire.
Consideró que los productores de programas pagan sus espacios a la administración del canal, por lo cual son dueños de esos horarios y nada ni nadie debe tomar, ni intervenir en las horas contratadas por los periodistas.
Dijo que si la administración quiere disponer de ese tiempo está en la obligación de negociar con los productores y llegar a un acuerdo con ellos, de lo contrario no puede disponer de ese ello, pues no le corresponde.
De León se identificó y se solidarizó con la decisión de los productores de programas del canal seis de Dajabón de declararse en vigilia permanente frente a la sede del medio de comunicación y de colocarle sus propios candados para evitar que sean usados sus espacios
Deploró que la administración cerrara el canal y que adoptara decisiones de esa naturaleza como si ese medio se tratara de un colmado o de un negocio cualquiera.
Recordó que los medios de comunicación, aunque son empresas, no se pueden manejar como cualquier negocio, pues tienen una función social y sagrada, un compromiso con la gente, con la comunidad y el país, que tiene el derecho de permanecer informado, lo cual está consagrado en la Constitución de la República, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales que tienen fuerza de ley.
Además, recordó que hay partidos que tienen programas, sus propios espacios en ese canal, como los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el de la Unidad Demócrata Cristiana (UDC) por lo cual pagan y por lo que no pueden ser sacados para favorecer a otro partido.
Recordó que la Ley Electoral concede el mismo derecho a todos los partidos para tener presencia en los medios de comunicación en igualdad de condiciones.
Afirmó que con este van siete los canales de televisión cerrados en el país en los últimos dos meses.
Los otros canales cerrados son el 53 dfe Santiago de los Caballeros, el 18 de La Romana, el 16, duranteun día de La Romana, dos programas del canal Cña TV de La Romana, el bloqueo de la señal de Antena Latina para La Romana, durante la tarde y noche de este lunes, el canal 12 de Sabana de La Mar, durante ocho días y el bloqueo de la señal de Aster Tv del canal 20 de Santiago de los Caballeros.
Calificó de muy peligroso para la democracia la ola creciente de canales de televisión y dijo que eso refleja la intolerancia en diversos sectores de la sociedad dominicana.
Indotel se desliga cierre de canales
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) se desligó ayer del cierre de seis canales de televisión y dijo que esa entidad solo ha participado en el cierre del canal 53, en Santiago. Explicó que “no tiene nada que ver con los otros conflictos de cierre que han surgido en otras ciudades”.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) se desligó ayer del cierre de seis canales de televisión y dijo que esa entidad solo ha participado en el cierre del canal 53, en Santiago.
Explicó que “no tiene nada que ver con los otros conflictos de cierre que han surgido en otras ciudades”
Con relación a la situación que prevalece con el cierre del canal 53, informó que ayer recurrió en recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia en busca de que sea anulada la sentencia de la jueza Rosmery Veras Peña, que ordenó la apertura del medio.
El martes el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaron el cierre o bloqueo de siete canales de televisión, cuatro en La Romana, que definen como “intolerancia”.
Ha habido protestas por la situación.
Definen desacato resistencia de Indotel
Como un desacato a la Justicia ha sido interpretada aquí la decisión del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), de no dar cumplimiento a la ordenanza que manda entregar los equipos incautados al Canal 53 y la reapertura de la planta en las condiciones en que la encontró en marzo pasado.
Nelson Cerda, uno de los abogados de la empresa cerrada en marzo, dijo que la resistencia a dar cumplimiento a la sentencia de la juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de Santiago constituye un desafío a uno de los poderes del Estado.
Estableció que esto evidencia que el Indotel una vez más se coloca en estado de ilegalidad y de rebeldía contra una decisión de un juez competente.
“Nosotros ahora no entendemos como si antes de producirse la sentencia querían entregar los equipos, ahora desobedecen la ordenanza que le manda hacer eso”, dijo el jurista, indicando además que esto hace sospechar lo que se pensó desde el principio de este caso, osea que se busca es mantener fuera del aire a esa empresa periodística porque se está en medio de un proceso electoral.
Dijo que está claro que el caso del cierre del canal 53 tiene un matiz político.
Informó que de persistir en el desacato de la sentencia por el Indotel, la empresa no le queda otro camino que recurrir a los organismos internacionales para que sean estos quienes conminen al Estado Dominicano a someterse a la legalidad y al cumplimiento del mandato judicial que le ha sido dado.
Anteayer la juez Rosmerys Veras dispuso que el Indotel devuelva los equipos que le incautó a Cibao TV Club y permita la reapertura de ese medio, cosa que dijo mediante documento, no haría el órgano regulador de las telecomunicaciones del país.
En caso de no obedecer la sentencia, el Estado debe pagar cinco mil pesos diarios por no entregar un equipo de microonda y un transmisor que los técnicos de Indotel se llevaron el 26 de marzo.
