El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y otros funcionarios del Banco Central fueron acusado por empresario hotelero,mediante querella depositada este martes en un tribunal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, de abuso de poder, estafa, complicidad y asociación de malhechores, al negarse a aceptar el saldo de una deuda contraída con los bancos Banínter y Mercantil
La querella, depositada este martes en un tribunal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, es contra el gobernador Héctor Valdez Albizu; la directora del Comité para la Realización de Activos (COPRA), Mayra Corominas; y el gerente del banco, Pedro Ramón Nicolás Silverio Álvarez.
El demandante procura una indemnización de 70 millones de dólares (RD 2,600 millones).
El caso, conforme a la versión de los abogados de la parte civil Norberto Rondón e Ingrid Hidalgo, consiste en un intento de despojo de una propiedad en la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez, así como el cobro de créditos inexistentes, por parte de los funcionarios.
Los abogados explicaron que en 1998 Pimentel compró a un grupo mexicano la propiedad donde se construye el hotel El Prado, en la referida intersección, pero enterado, Valdez Albizu trató de disponer de la misma alegando supuestas acreencias del banco.
“En esa ocasión se interpuso una querella penal contra Valdez Albizu, y a solicitud del presidente Leonel Fernández que intervino luego de esos graves sucesos, el empresario accedió”, relata la nota.
Agrega que luego se arribó a un acuerdo y el presidente Fernández autorizó al Banco Central a prestar el dinero para la conclusión de la obra, pero el monto aprobado fue menor al requerido y al final tampoco se completó el desembolso, provocando su paralización hasta el día de hoy.
Posteriormente, sigue explicando, “el pool de bancos intermediarios que se estructuró para ese préstamo, integrado por los bancos Baninter, Mercantil, Banreservas y Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, inició un proceso de cobro por la parte desembolsada tendiente a embargo inmobiliario en contra de Hotel El Prado”.
Ello obligó a la venta del proyectado hotel, según sus propietarios, aceptando un precio inferior a su valor real, contando con un descuento de los intereses y parte del capital, el cual aplicaron el Banreservas y la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, no así COPRA, que había asumido la cartera de los quebrados Baninter y Mercantil.
Sostiene que Valdez Albizu intentó vender en pública subasta el inmueble, no obstante saber que los propietarios ya habían saldado a dos de los integrantes del pool de bancos (Banreservas y Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos).
Pimentel asegura que no obstante accedió a pagar 108 millones de pesos, pero el Banco Central se negó a aceptarlo, porque se hacía con un cheque de gerencia del Banco BHD y por ende el dinero provenía de una cuenta de terceros que no era el deudor.
“Para marcar el colofón de este abuso de poder, en fecha 22 de mayo del 2009, el Banco Central, por intermedio de su gerente, el señor Pedro Ramón Nicolás Silverio Álvarez y la Lcda. Mayra Consuelo Corominas de Fernández, directora del COPRA suscribieron un contrato de cesión de préstamo y traspaso de derechos litigiosos con el reconocido prestamista Bolívar Bello Veloz y a su empresa Bello Veloz C por A., mediante el cual “cedieron y vendieron” los créditos y derechos litigiosos que el Banco Central tenía con Prado Crand Hotel”, dice el documento contentivo de la querella.
