Periodistas de Republica Dominicana denunciarán ante los organismos internacionales que velan por la libertad de prensa las presiones, recriminaciones y calumnias a que dicen están siendo sometidos por funcionarios del gobierno del presidente Leonel Fernández.
En un documento leído este martes en rueda de prensa en uno de los salones de la Asociación de Industrias de Republica Dominicana (AIRD), se refieren además al asesinato del periodista José Silvestre en La Romana y a los actos intimidatorios de funcionarios del Gobierno contra la periodista Nuria Piera.
Además del documento de denuncia, fueron presentadas dos comunicaciones, una dirigida al Consejo Nacional de la Magistratura, objetando a uno de los propuesto para formar parte de dos de las altas cortes y la otra al empresariado dominicano advirtiéndole de las consecuencia de las intimaciones hechas por Gutiérrez Félix contra los anunciantes del programa de Nuria Piera.
Los documentos fueron leídos por Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora y Fausto Rosario Adames
La denuncia será elevada a la comisión de libertad de prensa de la Unesco, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Periodistas sin Fronteras, Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y a otros organismos nacionales e internacionales.
En el documento los comunicadores mencionan al propio director de Relaciones Pública, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la Republica, entre los funcionarios que se han empeñado en estigmatizar la disensión y las denuncias de malversación y corrupción, argumentando que se trata de un “plan mediático, intimidando a profesionales, directores y propietarios de medios de comunicación.
Mencionan el más reciente caso de intento de coartar la libertad de expresión, como es el acto intimidatorio que ha enviado a la productora Nuria Piera y anunciantes de sus programa el abogado, Superintendente de Bancos y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Euclides Gutiérrez Félix.
El documento es firmado los periodistas Juan Bolívar Díaz, José Tejada Gómez, Alicia Ortega, María Isabel Soldevilla, Altagracia Salazar, Alicia Ortega, Nuria Piera, Miguel Guerrero, Quiterio Cedeño, Aurelio Henríquez y Olivo de León.
Firman el documento Robert Vargas, Adalberto Gullón, Fausto Rosario Adames, Eric Mendoza, Ramón Emilio Colombo, Luis José Chávez, Andrés L. Mateo, Alfonso Torres, Alexander Mundaray, José Rafael Sosa, Juan Taveras Hernández, Amelia Dechamps, Huchi Lora, Eulalio Almonte Rubiera, José Antonio Aybar y Germán Marte.
Otros firmantes del documento son Jean Michell Caroit, Ana Mitila Lora, Millizen Uribe, Gustavo Olivo, Fernando Hasbum, Sanabris Silvestre, Carolina Batista, Mercedes Castillo, Rianny Méndez, Alex Bastista, Alexeis Tellerias, Margarita Cordero, Cesar de la Cruz, Elizabeth Encarnación, Carlos Francisco Elías, Patricia Reynoso Núñez, Esteban Rosario, Gabriela Read, Cristal Fiallo, Osvaldo Soriano, Cesar Pérez, Isidoro Santana, Cándido Mercedesl Alfonso Torres, Diógenes Cespedes, entre otros comunicadores.
Texto de la declaración: Defendamos la libertad de expresión
Los suscriptos, periodistas profesionales, articulistas y comentaristas de radio y televisión, denunciamos la puesta en marcha de una ofensiva contra medios de comunicación y comunicadores, de la que forman parte funcionarios del gobierno y dirigentes políticos, encaminada a reducir los espacios de libre expresión ganados por el pueblo dominicano en las últimas décadas.
Hace tiempo que no se sufría un clima de tantas presiones, recriminaciones y calumnias contra comunicadores sociales, especialmente los que participan más activamente de las denuncias de las lacras que, como la corrupción y el narcotráfico, corroen las entrañas de la sociedad dominicana.
Altos funcionarios, encabezados por el director de prensa del gobierno, y dirigentes políticos, se han empeñado en estigmatizar la disensión y las denuncias de malversación y corrupción, argumentando que se trata de un “plan mediático”, intimidando a profesionales, directores y propietarios de medios de comunicación.
El último capítulo de la ofensiva ha sido la acción de un alto funcionario del gobierno y del mayor órgano de dirección del partido en el poder, que ha intimado a una de las más destacadas comunicadoras del país, la compañera Nuria Piera, y a todos los anunciantes de sus programas de televisión bajo un infundado alegato de difamación e injuria. Con el agravante de que el señor Euclides Gutiérrez emprende una campaña de infamias y agresiones verbales contra numerosos medios y comunicadores, mientras sostiene públicamente que el presidente de la República lo exhortó a defenderse con todos los recursos disponibles.
A nadie debe serle indiferente que esta ofensiva se deriva de las denuncias de que Euclides Gutiérrez debe 70 facturas mensuales de energía eléctrica suministrada por una entidad del mismo Estado del que es alto funcionario, acumulando una deuda superior de 3 millones 205 mil pesos, y que incumplió el plan de pago que generosamente se le facilitó en abril, cuando Nuria Piera hizo la denuncia inicial.
La intimación a los anunciantes no sólo pretende asfixiar económicamente una de las más valiosas tribunas de la investigación periodística nacional, sino también meter miedo a comunicadores, empresas, publicistas y propietarios de otros medios.
El señor Gutiérrez ha llegado al extremo de intimidar públicamente a empresas y empresarios del sector de los servicios con los que él está vinculado en su condición de Superintendente Nacional de Seguros, lo que reviste de más gravedad su ofensiva.
Una situación similar nos obligó a formular una denuncia en junio del año pasado, cuando otro funcionario público estableció el precedente de intimar a los programas de Alicia Ortega y sus anunciantes, bajo los mismos alegatos. En esa ocasión un juez lo declaró improcedente, y el señor Héctor Rodríguez Pimentel dejó sin efecto sus amenazas.
Una expresión de la intolerancia frente a la libre información y las denuncias de la delincuencia en todas sus manifestaciones, ha sido el reciente asesinato del periodista José Silvestre de La Romana, por encargo de elementos vinculados al bajo mundo, según lo que han evidenciado las investigaciones aún en curso y que esperamos concluyan en las correspondientes sanciones.
Reclamamos de las máximas autoridades nacionales y del liderazgo político el cese de la campaña de presiones e intimidaciones y el pleno respeto a la libertad de expresión y difusión que ha predominado en el país en las últimas décadas. Y llamamos a medios y comunicadores y a las organizaciones que los agrupan a denunciar firmemente todo intento de reducirla. Advertimos que esta denuncia será canalizada a los organismos y organizaciones internacionales que velan por el respeto a la libertad de expresión y difusión.
En un documento leído este martes en rueda de prensa en uno de los salones de la Asociación de Industrias de Republica Dominicana (AIRD), se refieren además al asesinato del periodista José Silvestre en La Romana y a los actos intimidatorios de funcionarios del Gobierno contra la periodista Nuria Piera.
Además del documento de denuncia, fueron presentadas dos comunicaciones, una dirigida al Consejo Nacional de la Magistratura, objetando a uno de los propuesto para formar parte de dos de las altas cortes y la otra al empresariado dominicano advirtiéndole de las consecuencia de las intimaciones hechas por Gutiérrez Félix contra los anunciantes del programa de Nuria Piera.
Los documentos fueron leídos por Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora y Fausto Rosario Adames
La denuncia será elevada a la comisión de libertad de prensa de la Unesco, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Periodistas sin Fronteras, Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y a otros organismos nacionales e internacionales.
En el documento los comunicadores mencionan al propio director de Relaciones Pública, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la Republica, entre los funcionarios que se han empeñado en estigmatizar la disensión y las denuncias de malversación y corrupción, argumentando que se trata de un “plan mediático, intimidando a profesionales, directores y propietarios de medios de comunicación.
Mencionan el más reciente caso de intento de coartar la libertad de expresión, como es el acto intimidatorio que ha enviado a la productora Nuria Piera y anunciantes de sus programa el abogado, Superintendente de Bancos y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Euclides Gutiérrez Félix.
El documento es firmado los periodistas Juan Bolívar Díaz, José Tejada Gómez, Alicia Ortega, María Isabel Soldevilla, Altagracia Salazar, Alicia Ortega, Nuria Piera, Miguel Guerrero, Quiterio Cedeño, Aurelio Henríquez y Olivo de León.
Firman el documento Robert Vargas, Adalberto Gullón, Fausto Rosario Adames, Eric Mendoza, Ramón Emilio Colombo, Luis José Chávez, Andrés L. Mateo, Alfonso Torres, Alexander Mundaray, José Rafael Sosa, Juan Taveras Hernández, Amelia Dechamps, Huchi Lora, Eulalio Almonte Rubiera, José Antonio Aybar y Germán Marte.
Otros firmantes del documento son Jean Michell Caroit, Ana Mitila Lora, Millizen Uribe, Gustavo Olivo, Fernando Hasbum, Sanabris Silvestre, Carolina Batista, Mercedes Castillo, Rianny Méndez, Alex Bastista, Alexeis Tellerias, Margarita Cordero, Cesar de la Cruz, Elizabeth Encarnación, Carlos Francisco Elías, Patricia Reynoso Núñez, Esteban Rosario, Gabriela Read, Cristal Fiallo, Osvaldo Soriano, Cesar Pérez, Isidoro Santana, Cándido Mercedesl Alfonso Torres, Diógenes Cespedes, entre otros comunicadores.
Texto de la declaración: Defendamos la libertad de expresión
Los suscriptos, periodistas profesionales, articulistas y comentaristas de radio y televisión, denunciamos la puesta en marcha de una ofensiva contra medios de comunicación y comunicadores, de la que forman parte funcionarios del gobierno y dirigentes políticos, encaminada a reducir los espacios de libre expresión ganados por el pueblo dominicano en las últimas décadas.
Hace tiempo que no se sufría un clima de tantas presiones, recriminaciones y calumnias contra comunicadores sociales, especialmente los que participan más activamente de las denuncias de las lacras que, como la corrupción y el narcotráfico, corroen las entrañas de la sociedad dominicana.
Altos funcionarios, encabezados por el director de prensa del gobierno, y dirigentes políticos, se han empeñado en estigmatizar la disensión y las denuncias de malversación y corrupción, argumentando que se trata de un “plan mediático”, intimidando a profesionales, directores y propietarios de medios de comunicación.
El último capítulo de la ofensiva ha sido la acción de un alto funcionario del gobierno y del mayor órgano de dirección del partido en el poder, que ha intimado a una de las más destacadas comunicadoras del país, la compañera Nuria Piera, y a todos los anunciantes de sus programas de televisión bajo un infundado alegato de difamación e injuria. Con el agravante de que el señor Euclides Gutiérrez emprende una campaña de infamias y agresiones verbales contra numerosos medios y comunicadores, mientras sostiene públicamente que el presidente de la República lo exhortó a defenderse con todos los recursos disponibles.
A nadie debe serle indiferente que esta ofensiva se deriva de las denuncias de que Euclides Gutiérrez debe 70 facturas mensuales de energía eléctrica suministrada por una entidad del mismo Estado del que es alto funcionario, acumulando una deuda superior de 3 millones 205 mil pesos, y que incumplió el plan de pago que generosamente se le facilitó en abril, cuando Nuria Piera hizo la denuncia inicial.
La intimación a los anunciantes no sólo pretende asfixiar económicamente una de las más valiosas tribunas de la investigación periodística nacional, sino también meter miedo a comunicadores, empresas, publicistas y propietarios de otros medios.
El señor Gutiérrez ha llegado al extremo de intimidar públicamente a empresas y empresarios del sector de los servicios con los que él está vinculado en su condición de Superintendente Nacional de Seguros, lo que reviste de más gravedad su ofensiva.
Una situación similar nos obligó a formular una denuncia en junio del año pasado, cuando otro funcionario público estableció el precedente de intimar a los programas de Alicia Ortega y sus anunciantes, bajo los mismos alegatos. En esa ocasión un juez lo declaró improcedente, y el señor Héctor Rodríguez Pimentel dejó sin efecto sus amenazas.
Una expresión de la intolerancia frente a la libre información y las denuncias de la delincuencia en todas sus manifestaciones, ha sido el reciente asesinato del periodista José Silvestre de La Romana, por encargo de elementos vinculados al bajo mundo, según lo que han evidenciado las investigaciones aún en curso y que esperamos concluyan en las correspondientes sanciones.
Reclamamos de las máximas autoridades nacionales y del liderazgo político el cese de la campaña de presiones e intimidaciones y el pleno respeto a la libertad de expresión y difusión que ha predominado en el país en las últimas décadas. Y llamamos a medios y comunicadores y a las organizaciones que los agrupan a denunciar firmemente todo intento de reducirla. Advertimos que esta denuncia será canalizada a los organismos y organizaciones internacionales que velan por el respeto a la libertad de expresión y difusión.
diariodigital.com.do
